Lina Villagra, madre de Jorge Ortiz Villagra, denunció que supuestamente Miguel Ángel Ramos Mendoza le ofreció G. 120 millones, a través de terceras personas, para un arreglo extra judicial por el crimen de su hijo.
Ante la negativa de la mujer, los enviados le advirtieron que de igual forma lograrían la libertad de Ramos Mendoza, porque “pagarían a los jueces y fiscales”.
Villagra dijo que está segura de que los mismos agarraron el dinero que ella rechazó en su momento, ya que al supuesto autor le otorgaron medidas sin pisar un pie en la cárcel. “Esa gente (familia del supuesto autor) tiene mucha plata, muchos animales, y yo soy pobre” remarcó.
La mujer se ratificó en todos los términos frente al fiscal Lucrecio Cabrera, quien investiga el caso. La denunciante dio los nombres de tres emisarios, quienes le ofrecieron la suma mencionada para el “arreglo”.
Ya luego de verificar la carpeta, el agente expresó que el procesado, en su afán de defender a su hijo, que estaba siendo estrangulado supuestamente por el fallecido, reaccionó para salvarlo. Sobre el punto, detalló que desde un principio se manejó esa línea investigativa, de acuerdo a las testificales.
No obstante, aseveró que, a pesar de dicha circunstancia, no pasaron el caso como legítima defensa. ”Se hizo el cambio de calificación de acuerdo al inciso tercero del artículo 105 del Código Penal, y de acuerdo a eso se le otorgó el arresto domiciliario, porque el señor tiene cáncer de garganta. Todo se hizo como corresponde, no hay nada fuera de lugar” manifestó.
Por su parte, el juez penal de garantías, Ramón Alberto Florentín, ironizó sobre la acusación del supuesto pago para el otorgamiento del arresto domiciliario y mencionó que eso siempre se suele escuchar y que ya está acostumbrado.
En ese sentido, aclaró que toma las decisiones de acuerdo a los elementos que se aportan en el proceso investigativo.
Entre tanto, sostuvo que el fiscal es el responsable de colectar las pruebas, pero aclaró que el próximo 20 de noviembre, durante la audiencia preliminar, puede enviar el caso a juicio oral y público si la madre de la víctima aporta nuevos elementos con su declaración.
