La denuncia fue presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por el mismo defensor del pueblo, Miguel Godoy, quien calificó de “un bochorno nacional e internacional” la condena emitida por los jueces Arnaldo Fleitas, Víctor Medina y Elsa García.
La acción presentada es por mal desempeño de sus funciones y señala que estos magistrados han incumplido sus obligaciones y las garantías del procesado previstas en la Constitución Nacional.
“Apelamos al principio del Estado de necesidad justificante, que es un principio que se tiene que analizar atendiendo a que, en su calidad de ambientalista, Figueredo no tenía otra opción que hacer algo por el ambiente y eso era conservar en los barriles y estructura que preparó. La Ley que regula los permisos no estaba reglamentada en su momento. Creemos que los jueces cometieron un error. Esto ha tenido repercusión internacional. Queremos que haya justicia verdadera”, explicó a Última Hora Miguel Godoy.
Rubén Figueredo, titular de la Fundación Itá Enramada, fue sentenciado a 2 años de cárcel, pero con la suspensión de la pena. Fue encontrado culpable del delito de procesamiento ilícito de desechos.
El fiscal Jalil Rachid había pedido 3 años y medio por la causa, a pesar de que el entonces acusado realizaba campañas de concienciación mediante convenios con la Secretaría del Ambiente, el Ministerio Público y la Municipalidad de Asunción.
Los jueces señalaron que se probó el hecho punible, ya que almacenó, sin tener la licencia ambiental, pilas en desuso y desechos patológicos que pusieron en peligro la salud de las personas y el medioambiente.
