Una nueva denuncia pesa contra el ex contralor de la República, Dr. Daniel Fretes Ventre, propietario de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD).
El Lic. Cristian Zayas, ex coordinador de las filiales de Villarrica y Cnel. Oviedo de esa entidad educativa, denunció ayer ante el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) al dueño de la UTCD y a sus familiares por lavado de dinero y evasión de impuestos. “Poseen propiedades particulares que están a nombre de la universidad”, dijo, y como ejemplo puso la casa del hijo del ex contralor.
“Compran propiedades a nombre de la universidad y luego venden. Entonces, la universidad lava dinero de esa forma, utilizan el nombre de la UTCD para hacer negocios”, reveló Zayas, que pregunta en su escrito “qué se hace con los ingresos de las aproximadamente 50 filiales” de UTCD.
“Extraoficialmente, el doctor (Fretes Ventre) evade impuestos por G. 1.000 millones a 2.000 millones de guaraníes por mes”, apuntó.
El lunes próximo ingresará la misma denuncia a la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público.
“La universidad fue creada sin fines de lucro, sin embargo cada sede deja muy buenos dividendos”, refirió y citó la sede de Villarrica, donde él estuvo por espacio de 17 años: “allí los ingresos rondan entre los G. 400 millones a G. 500 millones por mes”, señaló.
Por lo demás, refirió que la sede central cuenta con 3.000 alumnos y cada uno paga por cuotas mensuales que no bajan de G. 500.000.
Es así que solicita que se investigue a la UTCD, en virtud a los continuos retrasos en el pago de los honorarios a docentes, empleados de sedes y coordinadores regionales. “En muchos de los casos, directamente no pagan”, aseveró.
Adjunta a la denuncia una declaración jurada del cajero de la sede central de UTCD, quien ante escribano público dejó constancia de un “desvío irregular de fondos” de la entidad para “uso personal de la gerente general de la universidad, Leticia Cattebecke”, de acuerdo con la denuncia.
El monto en cuestión asciende a G. 150 millones que debían ser destinados al pago de profesores, empleados y otros gastos. Pero fueron direccionados a “costear su juicio por el supuesto intento de homicidio a su ex marido”, según reza en la declaración.