El gremio emitió una postura firme al respecto y señaló que “rechaza categóricamente” el hecho, subrayando que los agroganaderos no están contemplados como sujetos pasivos de ese impuesto.
“La ARP rechaza categóricamente el cobro de patentes comerciales a las sociedades y productores agropecuarios, basándose en la inconstitucionalidad de la norma creada por dos o tres municipios fuera de sus atribuciones y que incluso podría constituir un posible delito penal por exacción”, expresó un escrito del gremio, sustentándose en la prohibición de la doble tributación según la Constitución Nacional y la Ley 5513/15, que exime a inmuebles rurales de cualquier otra forma de tributo municipal.
Señala que, durante un conversatorio organizado por la Regional Central Chaco y donde participaron miembros de la Comisión Directiva de la ARP, encabezados por el titular del gremio, Daniel Prieto, varios socios expusieron que fueron intimados al pago de un impuesto adicional al inmobiliario y cuyo valor calculan sobre el activo reflejado en el balance de las sociedades dedicadas exclusivamente a la actividad agropecuaria.
En ese sentido, los asesores de la ARP explicaron que, en materia tributaria, está prohibida la aplicación de un impuesto por equiparación o supletoriedad, y que nadie está obligado al pago de tributos no establecidos por ley.
Además, argumentaron que las empresas agropecuarias no reúnen los requisitos para ser sujetos al pago de una patente, establecido por Ley 620/76, ya que no están conceptualizadas como contribuyentes al no realizar comercio, industria ni profesión.
Los presentes durante el conversatorio hablaron de una “falacia jurídica”, un “razonamiento falso de dos o tres municipalidades que buscan recaudar fuera del marco tributario constitucional”.
“Exigir el pago de la patente a los productores es inconstitucional porque en el derecho tributario la interpretación de las normas debe ser restrictiva y la ley no menciona explícitamente a los productores agropecuarios como sujetos pasivos de este impuesto”, concluyó la Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios de la ARP.
La misma situación se había presentado en 2022, cuando el gremio incluso acudió a la Corte Suprema de Justicia.
