Los denunciados en el supuesto esquema judicial son el rematador público Mario Person, por supuesto uso documentos no auténticos; los camaristas Miguel Ángel Rodas y Nery Villalba, y el jubilado Carmelo Castiglioni, por prevaricato.
Según denunció el abogado Andrés Casati, dialogó con el ministro Gustavo Santander sobre la denuncia que está cajoneada desde el 2019. Explicó que el miembro de la Corte no prometió mucho porque el caso no está aún judicializado. Además, conversó con el fiscal General Emiliano Rolón Fernández sobre la causa.
La primera fiscala del caso es Natalia Cacavelos, quien ahora pasó a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Tuvo la denuncia desde el 2019, y actualmente está a cargo del fiscal Leonardi Guerrero.
De acuerdo con el profesional, luego de la Guerra contra la Triple Alianza, la Compañía Industrial Paraguaya adquirió unas 30.000 hectáreas en la zona de San Pedro. Sin embargo, en 1970 se hizo un mensura judicial, donde se constató que la empresa tenía unas 5.000 hectáreas de más, lo que hizo que el entones Instituto de Bienestar Rural (IBR) loteara dichas tierras y las vendiera.
Así, en 1973, José María Barrios y Pedro Galli, actual presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), adquirieron 1.000 hectáreas cada uno en el distrito de Lima, en el citado departamento.
Título falsificado
Sin embargo, el abogado Andrés Casati explicó que en el 2010 apareció un título de propiedad de la Compañía Paraguaya de Cereales SA, que abarcaba 500 hectáreas de la propiedad de Barrios y la totalidad de la estancia de Pedro Galli.
Casati aseguró que la firma, con el título como garantía, sacó un crédito de 2 millones de dólares del Banco Nacional de Trabajadores (BNT) que no se pagó, por lo que, durante la quiebra, el entonces síndico, Juan Figueredo, remató el inmueble. La propiedad fue adquirida por USD 200.000 por el rematador Mario Person.
El abogado refirió que Person inició un juicio de nulidad de acto jurídico contra José Mario Barrios, el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y la Procuraduría General de la República (PGR). Además, también contra Pedro Galli, IBR y PGR, también por nulidad de acto jurídico. De este último juicio desistieron.
Ambas demandas quedaron ante el juez Miguel Ángel Rodas, quien admitió el juicio contra Barrios. Según Casati, hizo prevalecer un título de 2010 por sobre el título de 1973, con lo que ganaron el juicio. Esto se apeló, y con voto en disidencia de Arnaldo Martínez Prieto, y la mayoría de Nery Villalba y Carmelo Castiglioni, confirmaron el fallo.
La denuncia del caso se hizo ante la Fiscalía en el 2019, pero hasta ahora solo declararon Barrios –quien ya falleció– y Pedro Galli. No existe imputación y, con los años, ya habrían prescripto varios hechos punibles.
