El senador por el Frente Guasu presentó ayer los resultados preliminares de las inspecciones realizadas en establecimientos de Caazapá, Guairá, Misiones, Itapúa, donde, de acuerdo con las denuncias ciudadanas, las empresas agrícolas agravan la situación de sequía con el bombeo de agua.
“Los ganaderos, sojeros y en este caso los empresarios arroceros son en gran medida los responsables de esta situación de desequilibrio ecológico ambiental que pasamos en nuestro país”, acusó.
A su parecer, la Fiscalía debe investigar de oficio, las direcciones de Recursos Hídricos y de Control de Calidad Ambiental, así como las empresas denunciadas. Según el informe técnico, sobran evidencias de irregularidades por parte de Algisa, Desarrollo del Sur, Farmer y Agriplus.
El asesor técnico, Víctor Benítez, argumentó que se encontraron peces muertos, sedimentos en las cañerías y el direccionamiento del agua directo a los cultivos y no a los reservorios, como establece la ley. En ese sentido, le llamó la atención cómo los fiscalizadores del Mades no detectaron estos mismos hechos.
“Hay una complicidad manifiesta entre los empresarios que tienen este tipo de emprendimientos y la formalización de la institución del Ejecutivo, que es el Mades”, dijo Pereira acerca del blanqueamiento de las firmas para seguir operando en el cauce hídrico.
La comisión del Senado se quejó de que las propias instituciones, tanto del Mades como de la Fiscalía, incluso obstaculizaron las intervenciones.
Audiencia. Para socializar los hallazgos se llamará a una audiencia pública, donde participarán los principales afectados.
El senador Pereira recordó además que durante el gobierno de Fernando Lugo se intentó reglamentar la Ley de Recursos Hídricos y que en esa época había una oposición de la Unión de Gremios de la Producción y de la Asociación Rural del Paraguay.
Asimismo, agregó que ve como un riesgo el proyecto de producción de soja en 2 millones de hectáreas en el Chaco y el aumento de 15.000 cabezas de ganado.