La semana pasada ha sido una de las más anárquicas y caóticas de nuestros 32 años de vida democrática. Los camioneros reclamando la ley de fletes, los campesinos reclamando subsidios, los maestros reclamando aumento salarial, los indígenas reclamando el cumplimiento de promesas, etc.
Los cierres de calles en Asunción generaron un caos en el tránsito haciendo que trabajadores no pudieran llegar a su lugar de trabajo, que niños no pudieran llegar a sus escuelas y que enfermos no pudieran llegar a los hospitales.
Los cierres de rutas a lo largo del país generaron un colapso en la cadena de producción y de abastecimiento a varios sectores de la economía, como los productores de aves, de huevos y de leche, por citar algunos.
Desde el inicio de la transición a la democracia en el Paraguay, una de las grandes preocupaciones de expertos en estos procesos era, justamente, cómo evitar que el país se moviera en un péndulo que le lleve de una dictadura represiva a una democracia anárquica.
Para que eso no ocurriera una de las primeras cosas en las que la sociedad paraguaya tenía que ponerse de acuerdo era en cómo se ejercería la fuerza pública en democracia y cuál debería ser el nuevo rol de la policía.
Recordemos que para que exista un Estado, el mismo debe tener tres elementos: Un territorio, una población y un gobierno. Y la función primera de todo gobierno es proteger las fronteras del territorio de las amenazas externas (fuerzas armadas) y proteger a la población de las amenazas internas (policía).
Para cumplir estas funciones los ciudadanos le entregamos las armas y le otorgamos el monopolio del uso de dicha fuerza.
En la dictadura estas fuerzas fueron usadas para defender al dictador, pero en la democracia las mismas deberían estar para defender la vida y los bienes de los ciudadanos y para proteger el Estado de Derecho.
La libertad absoluta no existe en ninguna sociedad, en las democracias consolidadas la misma está claramente limitada por la ley y por los derechos de los demás. La democracia, para funcionar, tiene que ser una dictadura… la dictadura de la ley.
Pero para que todo esto ocurra es fundamental, es imprescindible, es un prerrequisito, el tener un Poder Judicial independiente y creíble. Este poder es como el árbitro en un partido de fútbol, es el que hace cumplir las reglas y el que castiga a quien la viola.
Aquí se aplaza nuestra democracia, porque desde el inicio de la transición democrática nuestro Poder Judicial fue cooptado por la clase política, por los poderes fácticos y por la corrupción.
Este escenario de una sociedad paraguaya donde la mayoría no cumple la ley, donde el gobierno no cumple su principal responsabilidad de mantener el orden interno y donde tenemos un Poder Judicial absolutamente desprestigiado, es el cóctel perfecto para encaminarnos hacia la anarquía que tanto temíamos.
Este artículo no es una invocación para movernos en el péndulo hacia dictaduras, que las sufrimos a lo largo de toda nuestra vida como nación independiente y que han sido las responsables de la pobreza y de la ignorancia que hoy tienen amplios sectores de nuestra población.
Este artículo es una invocación a nuestros líderes políticos, empresariales y sociales a refundar nuestra democracia, sobre la base del absoluto respeto a las leyes y al Estado de derecho.
Con un Poder Judicial independiente y creíble, con las Fuerzas Armadas y la Policía fortalecidas y reformadas y con un Poder Legislativo promulgando leyes basadas en el interés general y no en oscuros intereses particulares.
La ciudadanía también debe hacer un mea culpa porque no es viable un país donde muchos le piden apoyo y subsidios al Estado y casi nadie quiere pagar impuestos.
Si no hacemos este acto de refundación, el Paraguay es un Estado fallido, un Estado que tiene territorio y población, pero no tiene gobierno.
