De acuerdo con el procedimiento del Código Aduanero, los sumarios que concluyen en calificación de contrabando pueden ser apelados ante el director. Si este ratifica lo resuelto por el juez del sumario, tienen la opción de pagar o recurrir ante el Tribunal de Cuentas. El registro de la DNA dice que hoy tiene 128 casos que recurrieron la decisión del sumario. De este número, más del cincuenta por ciento tuvieron un revés en el Tribunal y recurrieron a la Corte.
En cuanto a casos llamativos, surgen los que llevan ya casi diez años sin definición. Incluso, casos de menor importancia y monto por caso de falta aduanera se mantienen sin sentencia judicial.
Debido a estos juicios, Aduanas finalmente se ve perjudicada en sus ingresos por el citado monto, que va creciendo con los casos nuevos que también se acumulan. Asimismo, en los casos de resultados favorables de la Justicia, igual debe impulsar una acción ejecutiva en lo Civil para poder cobrar.
Según los expedientes en trámite en las citadas instancias, algunas están en distintas etapas de contestación de partes, pero son las menos para la resolución final.
LENTO. La directora jurídica de Aduanas, Giselle Lampert, apuntó que los procesos son bastante lentos. “Tenemos ese problema y son muchos los casos. Pasa que solamente hay dos salas del Tribunal de Cuentas que deben atender todas las acciones que se presenten en lo contencioso administrativo”, expresó.
Refirió que están teniendo casos de más de diez años sin definición.
Explicó que el hecho de ganar los juicios no implica que inmediatamente se logra el cobro. “Ganamos un caso de contrabando, pero tenemos que pedir para ejecutar. Ahí se hace otro juicio ejecutivo en lo Civil”, precisó.
Lampert apuntó que hay procesos donde los afectados ya no recurren, debido a que les saldría más caro que perder las mercaderías, pero son de montos menores.
Mencionó también, a modo de ejemplo, otras situaciones que se presentan con productos decomisados por falta de documentación legal. “Hubo un caso en Salto del Guairá donde se concretó una incautación grande de cigarrillos, electrónica, entre otros productos. Se contabilizaron millones de dólares. En este caso solo recurrieron por una parte y no por todas las mercaderías”, puntualizó.
Finalmente, la directora jurídica de la DNA sostuvo que recientemente ganaron un caso que llevaba en juicio 11 años y que la lentitud obedece a la sobrecarga de trabajo en el Tribunal.
“El negocio de los juicios administrativos es dilatar”
El representante de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) ante la Unidad Interinstitucional Anticontrabando, Édgar Cuevas, dijo que están programando para ir con el presidente del gremio, Gustavo Volpe, hasta la Corte, a fin de mostrarles los datos sobre la lentitud de los procesos judiciales por los casos de contrabando.
Sostuvo que “el negocio de los juicios administrativos es dilatar hasta que se diluya o muera la causa por muerte natural”.
“Acá el problema es que la Justicia está totalmente volcada a favor del sistema en sí mismo y no es solamente una persona. Está totalmente adaptado para que cumplida la norma o el que no le pagó al Fisco vaya a una situación de incobrabilidad con las acciones judiciales”, dijo.
