Formalmente fue montado un esquema de recaudación en la Defensoría del Pueblo, mediante cobros por trámites de objeción de conciencia. El defensor Miguel Godoy firmó una resolución, vigente, por la que se establece una meta a cada funcionario, con un monto mínimo que deben alcanzar por mes.
Las metas “cuantitativas mínimas mensuales” son por recepción y tramitación de solicitudes de declaración de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, impuestas a “coordinaciones departamentales y delegaciones del interior del señor defensor del Pueblo”. El documento señala que el objetivo es que “de forma coordinada y ordenada logre el organismo de aplicación a través de sus colaboradores, cumplir efectivamente las disposiciones de la presente ley”.
La resolución establece la cantidad de 35 solicitudes, “de las cuales se espera que 15 solicitudes sean de cumplimiento del artículo 21 de la ley 4013/10 (pago de la contribución)”.
La abogada Diana Vargas, quien presentó una denuncia penal por cobro irregular a objetores de conciencia, cuya investigación sustenta el libelo acusatorio, remarcó que la ley tiene una redacción clara y que no hay ningún margen de interpretación que pueda avalar esos cobros.
El artículo 21 de la Ley 4013/10, que reglamenta la objeción de conciencia, expresa lo siguiente:
“Quedan exceptuados del trámite previsto en el Artículo 4º y concordantes de la presente ley, los ciudadanos que hayan dejado constancia de su objeción de conciencia, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados o de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso Nacional, en fechas anteriores a la promulgación de esta ley. Los mismos deberán optar entre prestar el servicio sustitutivo o pagar una contribución equivalente a 5 (cinco) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas, cuya forma de pago será reglamentada por el Consejo. Los objetores en esta situación que se encuentren en estado de insolvencia, serán exonerados del pago”.
El artículo menciona claramente que solo abonarán ese monto los que fueron declarados objetores antes del año 2010, sin embargo, desde el 2019, el defensor se sirve de una interpretación conveniente para recaudar.
“Mediante una resolución el defensor establece metas de recaudación por mes. Cada delegación (en el interior) tiene que conseguir una cantidad de objetores y una cierta cantidad tiene que pagar la contribución. Les hace hacer trabajar como cobradores a los funcionarios de la Defensoría”, expresó Diana Vargas.
Esta denuncia sustenta el pedido de juicio político que obra en Diputados.
