La nota fue presentada para canalizar el pedido del abogado Jorge Rolón Luna, la ex senadora Kattya González, que fueron acompañados por el diputado Raúl Benítez y el senador Ignacio Iramain, quienes requirieron que se tomen medidas a fin de desarticular la denominada mafia de los pagarés y defender los derechos humanos y patrimoniales de las víctimas.
Indica que la Defensoría del Pueblo acompaña la inquietud debido a que “las violaciones de derechos humanos que se denuncian, fueron realizadas por funcionarios judiciales”, entre ellos jueces y particulares.
Remarca que “resulta imperiosa la necesidad de adoptar medidas correctivas y sancionadoras al engranaje de la Justicia paraguaya. Hasta la fecha, tenemos conocimiento de que se han intervenido varios juzgados de Paz”, la puesta a disposición de funcionarios, suspensión de jueces y enjuiciamiento de varios de ellos.
Dice que los resultados de las auditorías son desconocidas a profundidad, al no ser publicadas oficialmente, pero se confirman gravísimas irregularidades, la comisión de delitos que dejaron en indefensión a varias personas.
Cita también la imputación de la Fiscalía a los jueces de Paz de San Roque, La Catedral, La Encarnación y Recoleta, pero señala que hasta ahora el sistema de Justicia no ha dictado ninguna medida preventiva que revoque o suspenda las resoluciones dictadas en juicios ejecutivos que, en condiciones normales, no permitirían descuentos de salarios ni embargos judiciales.
Acota que, con ello, las víctimas siguen soportando descuentos judiciales de origen espurio. Se pregunta cómo recuperarán sus vidas, sus ingresos y cómo se les repara el daño ocasionado.
Peticiones. Así, el defensor del Pueblo solicita a la Corte ordenar la entrega de copias íntegras de los informes de las auditorías hechas hasta la fecha, para plantear las acciones que correspondan.
También la suspensión de los plazos procesales de todas las causas judiciales por pagarés u otros instrumentos de crédito, hasta tanto se revisen todos los juicios y se compruebe que los demandados fueron notificados en debida forma y no existe indefensión.
Además, la suspensión de los efectos de todos los embargos dictados en juicios ejecutivos, hasta tanto se certifique que los demandados han sido notificados en debida forma y no existe indefensión.
Asimismo, pide declarar la nulidad de oficio de todos los juicios ejecutivos en los que se han decretado embargos de salarios o de bienes, sin que la parte demandada haya sido notificada y tenido la posibilidad de defenderse oponiendo excepciones o planteados sus argumentos de defensa en cada caso.
Finalmente, pide que se ordene la auditoría de todos los juzgados de Paz de la República para verificar si los demandados en juicios ejecutivos han sido debidamente notificados y no existe indefensión. Solicita tratar la nota por el pleno de la Corte.
