La defensora general Lorena Segovia afirmó que para dar cumplimiento efectivo a la Ley 6486, “De promoción y protección del derecho del niño, niña y adolescente a vivir en familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción”, necesitan incorporar a profesionales sicólogos y trabajadores sociales para las 16 circunscripciones del Ministerio a su cargo.
Ocurre que dicha normativa –en su artículo 30– les obliga a los defensores públicos a “examinar y evaluar la situación del niño, niña o adolescente en el lugar donde se encuentra viviendo y pernoctando sin el cuidado directo de al menos una de las personas que ejercen la patria potestad”, parafraseó Segovia.
“Eso implica que para evaluar y después pedir medidas de urgencias necesitamos un equipo técnico que nos acompañe. Tenemos que apersonarnos en el lugar, y hay que recordar que los defensores y defensoras somos abogados; necesitamos el acompañamiento de personas con el conocimiento: sicólogos, trabajadores sociales”, remarcó.
Actualmente, la Defensa Pública tiene 95 profesionales, pero los utiliza para todos los fueros. Contó que ahora asignaron dos equipos especiales solo para los casos de niños, niñas y adolescentes, cuyos procesos están hace muchos años en situación de abrigo.
“Son cinco profesionales que van a estar exclusivamente dedicados a la situación de emergencia respecto a 1.100 niños que están en hogares de abrigo”, apuntó. Con esos dos equipos, más los que tienen el Centro de Adopciones y la Dirección General de Cuidados Alternativos (Dicuida) –antes Diproe– “tenemos un estimativo de que vamos a alcanzar a 110 niños”, lanzó.
pedidos. Esta semana remitió dos notas, una al presidente del Senado y otra al de Diputados, indicándoles que precisan dichos especialistas. “Si hay personas que tienen ese perfil, pedimos que les comisionen a nuestro Ministerio”, comentó.
Para cubrir en doble turno, “necesitamos mínimo 70 personas, a más de lo que ya tenemos: 35 sicólogos y 35 trabajadores sociales para dar cumplimiento a la ley. Ahora la norma nos establece una obligación de constituirnos en el lugar donde están los niños”, precisó.
Recurrirán, además, a otras instituciones del Estado para consultarles si tienen dichos profesionales, y si desean comisionarlos les van a capacitar en la especialización. Cuentan, a su vez, con un ofrecimiento de Unicef –comentó– que colaborará en la capacitación.
El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), en contrapartida, está en proceso de desvincular a educadoras y sicólogas de su emblemático Programa Abrazo.
Segovia reconoció que ella tampoco renovó contratos por déficit presupuestario. “Pero no toqué sicólogos ni trabajadores sociales porque ya tengo pocos”, aclaró.
Voy a recorrer las instituciones del Estado. Si no tenemos gente comisionada, vamos a pedir más presupuesto. Lorena Segovia, defensora general.