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Defensa de ex contralor Óscar Velázquez apela condena de 4 años

La defensa del ex contralor Óscar Rubén Velázquez apeló este martes la condena de cuatro años dictada en su contra el pasado mes de mayo, por un Tribunal de Sentencia. Velázquez fue condenado por lesión de confianza por cobros adicionales de horas extras de sus funcionarios.

El abogado José Domingo Almada presentó este martes el recurso de apelación ante la condena de cuatro años contra su defendido, el ex contralor Óscar Rubén Velázquez, quien, junto a la ex subcontralora, Nancy Torreblanca, sentenciada a dos años, fueron hallados culpables de lesión de confianza.

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Para el letrado, el veredicto carece de valor probatorio y eso representa un elemento fundamental para sostener una condena, informó Judiciales.Net.

Asimismo, señaló que pide la absolución de su defendido, quien debe cumplir la sentencia en la Penitenciaria de Tacumbú, mientras que la subcontralora en el Buen Pastor. En el caso de Velázquez, podría ser llevado a la cárcel militar de Viñas Cué.

En la causa fueron condenados también los ex funcionarios Roberto García Gaona (director de Talento Humano), Luisa Almada (directora de Finanzas) y Celia Cardozo Ríos, (auditora interna) a dos años de prisión por lesión de confianza.

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De la misma manera, Liz Paola Duarte, quien fue conocida como la secretaria vip por ganar incluso más que el contralor con sus horas extras, fue condenada a 23 meses de cárcel por el cobro indebido de honorarios, al igual que Reinaldo Gadea Mongelós y Horacio Coelho De Souza.

Duarte marcó 229 horas extras en un solo mes y el monto que llegó a cobrar como paga, alrededor de G. 37 millones, superó incluso el salario del ex contralor.

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El esquema corrupto data del año 2015 y se hizo conocido gracias a las investigaciones de Última Hora. Para la Fiscalía, que pedía seis años para Velázquez y Torreblanca, el daño patrimonial fue de G. 1.121.319.953.

En el caso de Liz Paola Duarte Meza, deberá devolver la suma de G. 160.083.711 a la Contraloría tras ser condenada a un año y nueve meses con suspensión a prueba de la ejecución.

Esto, por los pagos que percibió en la institución desde junio del 2014 hasta abril del 2015. Además, debe cumplir varias reglas de conducta como prohibición de salir del país y cambiar de domicilio.

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