Los parlamentarios de Honor Colorado tienen una tarea difícil. Una misión que se convirtió en compleja por obra de un hombre que se salió de los límites y no lo pudieron controlar, un hecho poco usual para este poderoso movimiento.
El defensor del Pueblo dejó completamente expuestos a sus aliados y logró lo que pocos, vaciarlos de argumentos de defensa a quienes deben sostener los números de un juicio político que era de finiquito fácil, ya que, como el anterior, el de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, no contaba con suficientes votos.
Lo complicado para los diputados no son las acusaciones de corrupción contra la gestión de Miguel Godoy, que por lo general no mueven ni indignan, no constituyen motor de masas ni de cambios electorales. Lo difícil es el elemento emocional, la vergüenza y el miedo que genera el poder sin cordura. Aunque se logre salvar su cargo, la bancada cartista deberá sortear lo humillante de proteger a una persona de ofensa fácil, que está a un paso de destruirlo todo y forzar el acmé de su carrera, que debía culminar recién en cinco años.
No era necesario, el juicio político estaba camino al archivo, pero el defensor decidió amenazar a los diputados acusadores, principalmente a Kattya González, quien convocó a la Policía Nacional a la sesión última para hacer pública la denuncia de que corría peligro y que incluso había un plan para implantar droga en sus vehículos. La situación obligó a adelantar la sesión para estudiar el libelo acusatorio para mañana, a las 14:00.
El cartismo se retiró. “Me desconecté”, atinó a decir, apenas, Basilio Núñez, ante la pregunta de si mantenían la postura contra el juicio político. Igualmente, lo oficial es que los 27 siguen firmes.
La mayor perversidad política está en la encrucijada en la que pone Godoy a las diputadas de Honor Colorado: Del Pilar Medina, Blanca Vargas, Marlene Ocampos, Cristina Villalba, Guadalupe Aveiro y, la principal, Rocío Abed, quien preside la Comisión de Equidad y Género.
Aun así, se ensayan discursos, como el formulado por Santiago Peña, quien alega que el pedido de remoción de Miguel Godoy está motivado por cuestiones electorales. Nadie defiende la gestión ni la integridad del funcionario, porque no hay margen para hacerlo. Su único sostén son los votos colorados y el acuerdo al que se logre llegar con algunos liberales.
Pero lo electoral, como arguyen, no parece ser el motivo de las denuncias contra Godoy, ya que sus oponentes en mayor medida provienen de dentro de la Defensoría, principalmente mujeres que son víctimas de maltratos, vituperios y acoso. Lo electoral, más bien, es el motivo por el que el cartismo sostiene a Godoy, que procura superar el juicio político y estirar su permanencia hasta la interna del 18 de diciembre, para luego contemplar su renuncia.
La Defensoría ya es un desastre. Recibió la calificación más baja de la Contraloría, quien reveló irregularidades en todos los ámbitos. El Ministerio Público abrió una investigación por cobros indebidos a objetores de conciencia. Pero qué es lo que ata el apoyo incondicional de Honor Colorado a una persona imprudente, fuera de sus acostumbrados perfiles técnicos y de altos estudios. Pues no es algo que tenga claridad todavía.
Mientras tanto, la caída de Godoy sería la pérdida de un pequeño pero importante feudo.
La Defensoría del Pueblo es una institución de rango constitucional. La Constitución Nacional de 1992 protege y da autonomía al defensor, además de inamovilidad. Esto para que pueda fortalecer su misión principal, defender los derechos humanos y canalizar los reclamos del pueblo. Pero recién en octubre del 2001 fue designado el primer defensor del Pueblo, pese a que por ley la Defensoría fue creada en 1995.
Sin duda, hoy, es urgente velar por los intereses populares y recuperar la confianza en esta relevante institución. La Defensoría cae en picada y urge revertir la desesperanza.
