Editorial

Debilidad de las instituciones protege a prófugos poderosos

En nuestro país se habla con mucha frecuencia de la impunidad como una verdadera epidemia. En dos años y medio ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público han sido capaces de hallar a una de las personas más buscadas por la Justicia paraguaya: Dalia López. El mismo grado de incompetencia han mostrado ambas instituciones para encontrar al clan Insfrán, y a Marcio Ariel Sánchez, alias Aguacate, el empresario del sicariato. Esta situación es un escándalo y expone el escaso nivel de credibilidad de ambas instituciones.

Es bien conocido el parecido de la enrevesada Justicia paraguaya con el retrato que hace Franz Kafka en su novela El proceso, cuando describe los laberintos que puede llegar a alcanzar el sistema judicial para no hacer verdadera justicia.

En el Paraguay, sin embargo, no son solamente las conocidas chicanas judiciales las que pueden llegar a postergar la realidad de la Justicia; en nuestro caso, son las mismas instituciones como la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Se cuenta que el asesinado fiscal Marcelo Pecci había afirmado: “El poder de Dalia López es tan grande que la Policía no la puede encontrar”, refiriéndose a una de las personas más buscadas por la Justicia paraguaya. La prófuga fue vista por última vez en un acto público el 4 de marzo de 2020, cuando recibió en el aeropuerto Silvio Pettirossi a la estrella del fútbol Ronaldinho Gaúcho, quien ingresó al país con documentación falsa.

El ex jugador del Barcelona y de la selección brasileña estuvo preso por varios meses en nuestro país, mientras la mujer que habría tramitado el documento falso, Dalia López, nunca pisó la cárcel y sigue prófuga tras dos años y medio. La impunidad con que ha logrado Dalia López evadir a la Policía y al Ministerio Público es asombrosa. Este año el juez Gustavo Amarilla reiteró a la Policía el pedido de orden de captura de Dalia López, pero hasta el momento no se tuvieron resultados. Tampoco se sabe si ella sigue en el país o ha huido. El caso puso al Paraguay en el foco de la prensa mundial cuando el astro brasileño jugó fútbol con otros presos en la Agrupación Especializada, compañeros de prisión acusados de corrupción, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, entre otras causas. Ronaldinho, quien ganó la Copa Mundial, la Champions y la Libertadores, se hizo viral al ganar en una cárcel paraguaya un cerdo de quince kilos.

Otro caso de impunidad es el del clan Insfrán. El pastor José Insfrán, junto a sus hermanos Miguel y Yolanda Insfrán, tiene orden de captura internacional desde febrero de 2022.

El pastor José estaba al frente de la iglesia Avivamiento de Curuguaty, donde tenía entre sus fieles a políticos y caudillos como el ex diputado Juan Carlos Ozorio. Sin embargo, tanto a él como a sus hermanos se los señala como miembros de una red dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero. El clan Insfrán ha sido investigado como parte del operativo A Ultranza, la más grande pesquisa sobre casos del crimen organizado.

Finalmente, en la lista de los buscados sin ningún éxito se encuentra el empresario del sicariato, Marcio Ariel Sánchez, alias Aguacate. Un total de 16 allanamientos se realizaron el pasado junio en distintas localidades del Departamento de Amambay, pero no se ha logrado encontrarlo. A Aguacate se le atribuyen más de 50 muertes por encargo. Sería uno de los responsables de la muerte de Carolina Hailee Acevedo, hija del ex gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, asesinada en Pedro Juan Caballero.

Marcio Sánchez fue chofer y custodio de Jorge Rafaat, considerado en su tiempo como el amo y señor de la frontera, y tras su muerte quedó a cargo del ejército de sicarios que manejaba el clan. Los investigadores presumen que el Primer Comando de la Capital (PCC) le estaría brindando protección.

La falta de resultados en estos casos, relacionados con delitos serios y graves, y a personas peligrosas, es un mensaje no solamente de ineptitud, sino que tiene la sospechosa apariencia de complicidad. Necesitamos instituciones con credibilidad. Se debe poner punto final a la complacencia por parte de autoridades policiales, judiciales, políticas y militares con el crimen organizado.

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