“Orden” y “coraje” fueron sus dos emblemas durante la campaña electoral, en la que se empeñó en “acabar con el kirchnerismo”, en alusión al fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y a su esposa, la actual vicepresidenta y ex mandataria, Cristina Fernández (2007-2015).
Pero este mensaje no caló en la población. Ayer se hizo oficial lo que, desde hace días, ya era un secreto a voces: que Pato Bullrich integraría el Ejecutivo del León Milei.
Pasado peronista. Debido a su pasado en la Juventud Peronista y su exilio en los años de plomo de la década del 70 en Argentina, con ataques terroristas y la dictadura militar (1976-1983), Bullrich fue acusada de “montonera tirabombas” por el hoy presidente electo, aunque ella negó ese hecho, se arrepintió de haber apoyado la violencia e incluso inició una querella contra Milei.
Nacida en Buenos Aires hace 67 años, es doctora en Ciencias Políticas, se inició en la función pública en 1993 como diputada del peronismo y en 1999 pasó a formar parte del Gobierno de Fernando de la Rúa, de la Unión Cívica Radical (UCR), que terminaría en la crisis económica de 2001.
La candidata fue reconocida como la primera mujer en ocupar la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y tomó notoriedad por relevar de sus cargos a 112 carceleros que facilitaban la salida de presos para cometer delitos.
Bullrich pasó en 2000 al Ministerio de Trabajo y, un año más tarde, ocupó por un mes la cartera de Seguridad Social, período en que impulsó proyectos para eliminar asistencias sociales a trabajadores que cobraran más de 1.000 dólares y un plan de “transparencia sindical”.
En 2003 creó el Unión por Todos para competir por la alcaldía de Buenos Aires, pero, tras quedar cuarta, volvió al Congreso como legisladora por la Coalición Cívica, a la que integró su partido en 2007, y luego pasó a las filas de Propuesta Republicana, partido cofundado por Mauricio Macri.
Durante los cuatro años que este gobernó, fue ministra de Seguridad y su doctrina de respaldo a las fuerzas de seguridad generó grandes controversias al darles mayor libertad de acción para reprimir protestas y uso de armas de fuego.
En su gestión hubo dos casos muy polémicos: el artesano Santiago Maldonado y el mapuche Rafael Nahuel murieron tras desalojos policiales. Por este último, cinco agentes de la Prefectura Naval fueron condenados esta semana a prisión de entre 4 y 5 años por “homicidio en exceso de legítima defensa”.
