Hace falta que algo cambie para que todo siga igual”, escribe el escritor Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su novela El gatopardo, célebre obra que dio origen a la expresión gatopardismo, referida a las reformas puramente cosméticas, superficiales o de distracción. Es lo que podría ocurrir con la ansiada reforma del Poder Judicial en nuestro país, si la sociedad no permanece vigilante y movilizada.
Actualmente, el sistema de justicia se enfrenta a una oportunidad única, ya que durante el actual Gobierno de Mario Abdo Benítez se han podido cambiar a tres ministros de la Corte y en menos de un año se podría llegar a cambiar a otros tres, con lo cual tendríamos a seis nuevos ministros de los seis que integran la Corte. Esta renovación se dará, en la mayoría de los casos, por la jubilación de los ministros salientes tras cumplir los 75 años de edad. Es una chance que cualquier mandatario querría, la de poder renovar la máxima instancia judicial sin necesidad de recurrir a procedimientos más riesgosos e impredecibles, como el de los juicios políticos.
En el marco de este proceso, en octubre pasado, juraron como ministros Eugenio Jiménez y Manuel Ramírez Candia, en reemplazo de Miguel Óscar Bajac, quien se jubiló, y Alicia Pucheta, quien renunció para convertirse en vicepresidenta, en los meses finales del Gobierno anterior. Alberto Martínez Simón asumió su lugar en la Corte a mediados de este mes, en reemplazo de Sindulfo Blanco, destituido vía juicio político un mes antes de jubilarse. Se encuentra en curso el proceso de concurso para llenar la próxima vacancia de la Corte: la de Raúl Torres, quien debe jubilarse por cumplir los 75 años, edad límite para ejercer la magistratura. Lo mismo ocurrirá con Miryam Peña, quien en enero cumple 75 años. Por su parte, Gladys Bareiro se jubilará en el 2021.
Hay que recordar que la última vez que hubo una renovación tan grande en la Corte durante un mismo gobierno fue durante el periodo de Nicanor Duarte Frutos, quien impulsó el juicio político a seis ministros, de los cuales solo dos llegaron a ser destituidos. El resto renunció antes. Previamente, en 1995, luego de un pacto de gobernabilidad con las distintas fuerzas parlamentarias, el presidente Juan Carlos Wasmosy nombró a nueve ministros de la Corte que respondían a la ANR, el PLRA y el Partido Demócrata Cristiano.
Todo el proceso de nada servirá si tras el cambio de nombres no se impulsa también una decidida reestructuración de un Poder Judicial fuertemente desacreditado, con alta dosis de corrupción y con graves problemas estructurales.
El lamentable panorama de ministros, jueces y magistrados sometidos servilmente al poder político, con sentencias judiciales que se pueden comprar fácilmente, con elevada mora en los fallos, con un sistema carcelario colapsado y total falta de credibilidad ante la gente, conforman algunos de los muchos vicios que los nuevos miembros de la Corte deben transformar con el apoyo de la sociedad. De lo contrario, solo se cambiarán rostros, pero seguirá el mismo podrido sistema.
