Las garantías para el desarrollo de las personas deben ser aseguradas por el Estado y es por eso que no se puede separar la vida cotidiana de las decisiones políticas. Las voces de las mujeres, esa mitad de la población, no está suficientemente representada, sus necesidades y problemas no están visibilizados ni siendo llevados a los estamentos con poder de decisión.
Datos oficiales señalan que las tareas de cuidado en Paraguay son realizadas por la mitad de la población mayor de 14 años. En este grupo, la mayoría son mujeres y ellas dedican casi 13 horas a la semana a esta actividad, casi duplicando al tiempo que dedican los varones, que es de 7,5 horas a la semana. Esta situación es considerada una gran limitación para acceder al empleo.
Entonces, es necesario promover garantías desde el Estado, como políticas públicas, pero también, la representación política.
Las mujeres deben estar ahí, participando en espacios de decisión, y para ello, es necesario reconocer que existen dificultades estructurales en su carrera política.
Actualmente, en el Congreso, por ejemplo, de 80 diputados, solo 15 son mujeres, de las cuales, varias ingresaron solo por suplencias. Este número representa apenas el 19% de la representación. En el Senado, de 45 senadores, solo 6 son mujeres, es decir, el 13%.
¿Cómo se podría visibilizar a las mujeres y sus luchas cotidianas si no tienen suficiente voz en los espacios de poder? Pues ese debe ser el proyecto político.
El trabajo de las mujeres se vio más notoriamente durante la pandemia, con las ollas populares; recientemente las atletas también visibilizaron cómo en medio de sus tareas se hacían cargo de sus bebés.
Igualmente, muchos proyectos surgieron a partir de la iniciativa de las mujeres, como la legislación sobre lactancia materna y permisos por maternidad y paternidad.
La visión de la mujer es importante. Una prueba de ello es el proyecto presentado por las diputadas Rocío Abed, Esmérita Sánchez y Roya Torres, que establece la provisión gratuita de elementos para la gestión menstrual.
La iniciativa se convirtió en ley en octubre. Las legisladoras alegaron que muchas mujeres no pueden acceder a estos productos por limitaciones económicas y que incluso niñas y adolescentes dejan de ir a la escuela por esta problemática.
“Aportar a la reducción de la brecha de desigualdad y la discriminación vinculada al ciclo menstrual”, citaba uno de sus objetivos.
Desde las esferas sociales estas demandas existen. Hay mucho por hacer. Necesitamos de la dinámica de las mujeres involucradas en política pidiendo al Estado que haga más cosas para que las que se ocupan de las tareas invisibles puedan hacer otras. Que se comience a hablar de guarderías públicas, de centros seguros contra la violencia y, por qué no, de una ley contra la violencia política contra las mujeres, un hecho que frena la participación y se replica en la sociedad.
Las elecciones están a la vuelta, comencemos a hablar de participación de mujeres.
