En la conferencia de prensa de la noche del domingo, el ahora ex canciller Luis Castiglioni anunció que el Gobierno pedirá a Brasil dejar sin efecto el acta bilateral firmada sobre Itaipú, en mayo pasado. “Las fallas en la comunicación han sido aprovechadas para una gran manipulación política”, aseguró. Lo que él llama manipulación, en realidad, fue una reacción normal para semejante desastre político y de comunicación. El escándalo desnudó que el secretismo era un aspecto esencial del acuerdo y mostró, sobre todo, la ausencia de una estrategia comunicacional trasversal en situaciones de crisis.
La primera información que llegó el 24 de julio a la ciudadanía fue que el presidente de la ANDE renunció por negarse a firmar un acuerdo secreto con Brasil que comprometía los intereses paraguayos a futuro. Vincular conceptos como “acuerdo secreto” y Brasil hace vibrar las fibras más íntimas del corazón nacionalista paraguayo.
El Gobierno esperó al día siguiente para salir a hacer una aclaración en la que el embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier Caballero, calificó el acuerdo firmado como un “gran triunfo”. Dijo que estas negociaciones son normales y que los detalles no pueden ser divulgados por una cuestión “estratégica”. Además aseguró que no habrá aumentos de tarifas.
Horas después, el presidente Mario Abdo Benítez defendió el acuerdo en un discurso ante empresas contratistas del Estado y dijo que el arreglo anterior, que permitía a Paraguay comprar energía a un costo menor, era propio de un país “pillo y peajero”, y que Paraguay no necesitaba “migajas”. El mismo día el gerente técnico Fabián Cáceres renunció y advirtió que sí habrá un aumento en el costo de la energía para el usuario final, desmintiendo todo lo que dijo el Gobierno hasta ese momento.
Al día siguiente, Saguier Caballero fue al Senado y ahí nuevamente habló del tema con la prensa. Con un tono ofuscado, admitió que los técnicos fueron excluidos de la mesa de negociación y que él no podía dar explicaciones sobre los beneficios para Paraguay que traería el acuerdo, porque él no es técnico. Todo esto solo fue proporcionando elementos a la oposición y los sectores civiles que rechazaron el acuerdo secreto.
Si esto no fuera poco, las cuentas institucionales de las redes sociales de la Cancillería y la ANDE aportaron lo suyo a este bochorno. La cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores hizo una extraña analogía en Twitter con respecto al acta: “No se pueden mostrar las cartas mientras se siga jugando la partida”. ¿Mostrar las cartas a quién? ¿A Brasil, la otra parte firmante del acta? ¿A la ciudadanía, que en este escenario sería una especie de adversario?
En un intento de salir al paso a las declaraciones de Pedro Ferreira y Fabián Cáceres, la ANDE tuiteó lo siguiente: “Lo que habíamos acordado con los brasileños era que los técnicos estén disponibles para consulta, pero los ingenieros de la ANDE llegaron tarde”. Así la ANDE se justifica culpando a la ANDE, una brillante defensa institucional.
Finalmente, el domingo fue el turno de Luis Castiglioni, en su última conferencia de prensa antes de dejar el cargo. Fue el encargado de anunciar que ante tanta polémica y la amenaza, si bien aún distante, de un juicio político, el Gobierno decidió recular y solicitar a Brasil la anulación del acuerdo bilateral.
Castiglioni no pudo explicar por qué se mantuvo secreto el documento, por qué significó un triunfo para el país y por qué finalmente el Gobierno dio marcha atrás. Si la oposición miente y el acuerdo realmente es provechoso para el país, ¿por qué anularlo? Son preguntas que hasta ahora el Ejecutivo no puede responder con claridad y sencillez.
Las “fallas en la comunicación” de las que habló Castiglioni deben ser tomadas como lo que son: fallas en la manera de gobernar un país, de administrar la cosa pública. Una máxima conocida en la política es que “gobernar es comunicar”. Si el Ejecutivo no puede comunicar, tampoco puede gobernar eficazmente.
