El tratamiento en particular fue lo que se volvió a postergar para dentro de 15 días, para tratar de lograr el consenso de algunos articulados.
“El sicariato excede al homicidio agravado. Se desarrolla en un contexto más amplio del crimen organizado, que permea la sociedad, ya sea con sentido económico o cultural”, refirió el luguista Hugo Richer, durante el debate.
“Cada vez que el estado castiga a un sicario, bajo el rótulo de homicidio, está ignorando la realidad criminal, permitiendo que prospere la oscuridad. Bajo el manto de homicidio impide que se enfrente el fenómeno criminal”, sostuvo el senador.
“Ni siquiera forma parte de las estadísticas oficiales. Es imposible recoger información de instituciones, sea Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Viceministerio de Política Criminal. Se encuentra disfrazado de homicidio agravado”, remarcó.
Fernando Lugo expuso sobre la pena mínima que va de 15 a 20 años; y la máxima que es hasta 30 años de cárcel.
“Como autoridad, estamos obligados a dar señales claras del compromiso de luchar contra estos grupos nefastos que tanto daño hacen”, consideró el parlamentario.
“Nos encontramos en la imperiosa necesidad de organizar acciones firmes, organizar políticas adecuadas para la contención del mismo”, manifestó Fidel Zavala, de Patria Querida, que es uno de los proyectistas.
Indicó que el asesinato por orden, acuerdo, encargado a cambio o no de contraprestación económica no está contemplado en el Código Penal.
“En el derecho penal moderno, aparece con mayor auge de mano del crimen organizado y otros organismos criminales”, señaló.
“En Latinoamérica, resurge en Colombia. En nuestro país, se inicia en zona de frontera”, refirió, citando Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá y Ciudad del Este. “Hoy tenemos a nivel central y transnacional”, increpó.
“Así como hay empresas transnacionales comerciales, está el fenómeno de negocios ilícitos, y a su vez mano de obra tercerizada que realiza estos trabajos”, comparó el colorado Enrique Riera.
“Es casi una empresa delictiva. Son grupos que se contratan y cobran tarifas. Policías y fiscales tienen su cabeza con precio. Es muy complicado”, consideró, alegando que se debe mandar una señal clara teniendo como figura penal.
La progresista Desirée Masi comentó que optaron por el rechazo porque el sicariato ya figura en el Código Penal como homicidio por encargo.
Manifestó que luego se hizo una revisión, por lo que al final presentaron varias modificaciones al proyecto. “No es la duración de la pena, sino la certeza que se cumpla la condena. Ese es el problema. Eso no tenemos en Paraguay”, refirió. Coincidió con la policía colombiana sobre la necesidad de una mayor inversión en materia de tecnología.
secreto bancario. Ante la falta de consenso, una vez más se volvieron a aplazar dos proyectos que hacen referencia a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre secreto bancario. La postergación fue por 15 días.