Fueron beneficiados con el arresto en su domicilio, las imputadas Celia Romina Alfonso Vera y Ana Stael Alfonso Vera, a más del policía Sixto Ramón Cabrera.
En el caso de las médicas, cada uno tiene una caución real de G. 650 millones, mientras que el policía tiene una caución real de G. 470 millones. Además, tienen prohibición de salir del país y de comunicarse con los demás procesados.
NULIDAD. Por otro lado, la jueza Montanía, en la misma causa, rechazó la nulidad nada menos que 16 autos interlocutorios dictados desde el mes de diciembre del 2020, con el que se ordenaban las interceptación y grabación de las llamadas telefónicas de los procesados, allanamientos y detenciones.
El pedido de nulidad fue planteado por la abogada Lilian Mendoza, defensora del imputado Fernando Rafael Silva. La abogada sostuvo que las resoluciones eran nulas ya que ninguna habían sido enviadas a la Dirección de estadística del Poder Judicial.
La fiscala Lorena Ledesma requirió el rechazo. La magistrada entendió que la remisión a Estadística Judicial no era un requisito legal para la validez de la resolución.