El plan de gastos del Estado llegará a los 14.793 millones de dólares (G. 105 billones) si el Congreso da su autorización a la ampliación de déficit fiscal al 2,3% del producto interno bruto (PIB).
Del total que prevé gastar el Estado en 2023, el 52% se financiará con fondos propios originados por la aplicación de tasas u otro tipo de fondos que generan las entidades; el 35% con recursos que provienen del cobro de impuestos; y el restante 13% se calzará por la vía del endeudamiento. El 52% del PGN 2023 será adjudicado a las entidades que componen la Administración Central y el 48% a las que forman parte de la Administración Descentralizada.
Este Presupuesto Público se presenta con varias particularidades, nuevamente.
Como punto de partida, el 2023 arrancará en medio de un muy incierto panorama económico. La sequía que golpeó duramente al campo entre el 2021 y el 2022 mermó las proyecciones de recaudación de impuestos por el menor aporte del sector agrícola, principalmente. Esto hace que el piso de ingresos tributarios, evidentemente, sea menor, y al mismo tiempo impidió que el PIB se expanda como estaba planeado a fines del año pasado, lo que tiene enormes implicancias en el proceso de recuperación, el consumo y el empleo, entre otros.
A esto se suma el conflicto entre Rusia y Ucrania, que impulsó aumentos récords en los combustibles, obligando al Tesoro a hacer un esfuerzo para contener los precios a nivel local, disminuyendo la base imponible de todos los carburantes y dejando de lado recursos públicos para varios programas sociales o inversiones.
En medio de todo esto, se viene un año de elecciones generales, para nada más y nada menos que los cargos de presidente, vicepresidente, legisladores y autoridades departamentales.
Estos periodos suelen representar un riesgo para las finanzas públicas, y en un país bananero como el nuestro eso suele convertirse hasta en una amenaza a la sostenibilidad fiscal.
Basta con hacer memoria y ver cómo han crecido el gasto salarial, el plantel de funcionarios y otro tipo de gastos que mucho tienen que ver con el proselitismo y el prebendarismo y poco con reducir las desigualdades, la pobreza y el saneamiento de instituciones claves.
El Estado paraguayo no es un generador de recursos y tampoco tiene una caja fuerte con ahorros para empezar a repartir dinero.
Como ya leímos unas líneas más arriba, el Estado se financia principalmente con las tasas que cobran las entidades públicas por servicios a la gente, por impuestos que cobra la Administración Tributaria a la gente por bienes o servicios, o por endeudamiento, que luego debe ser cancelado con aportes de la misma gente. Ahí no hay secretos.
Es imperativo que las autoridades de los tres poderes del Estado entiendan esta situación, para no poner en riesgo la estabilidad macroeconómica que se logró con bastante esfuerzo en los últimos años y el proceso de convergencia a la regla fiscal, porque los pecheos van a llegar en los próximos días.
Nuestro país sigue manteniendo grandes deudas sociales. Desde las enormes brechas en infraestructura, los cada vez más deficientes servicios básicos y los insuficientes programas de protección social, hasta los elevados déficits en educación, salud, niñez y vivienda, solo por citar algunos, por lo que es impensable que se sigan destinando más recursos públicos para mantener una estructura pública en detrimento de programas o planes orientados al bienestar y a la mejora de la calidad de vida de la gente.
Cuidemos el dinero de todos.