De acuerdo con Paraguay, el vecino país adeuda alrededor de USD 92 millones por cesión de energía y USD 40 millones por consumo de energía. “No tiene sentido amenazar con algo que es tu derecho. Es nuestro derecho retirar el 100%, no tendría que ser una amenaza, tendría que ser un ejercicio de la soberanía”, señaló Canese.
Lamentó que en la EBY no se respete la institucionalidad y se administre la entidad con acuerdos verbales, tal como lo confesó el director general paraguayo, Luis Benítez. “No tenemos que permitir que este tipo de cosas pase (administración verbal en la entidad). Hay mucha responsabilidad de las autoridades paraguayas en esta situación. Argentina, obviamente que va a defender sus intereses, el problema es que nosotros no defendemos nuestros intereses”, cuestionó.
Añadió que Paraguay debería contratar el 100% de la energía que le corresponde en la EBY y en la Itaipú Binacional, y licitarla “en territorio paraguayo”. “Hay muchos interesados, la ANDE hizo llamados a expresiones de interés y había muchísimos interesados”, recalcó.
Irregularidad. Por su parte, la profesora e investigadora, Ángeles Ferreira, de la campaña Itaipú Ñane Mba’e y doctorando de la Universidad de Barcelona, señaló que hechos como el actual en Yacyretá demuestran “el nivel de irregularidad, mediocridad y de poca institucionalización” en la administración de los recursos paraguayos, evidenciando el poco interés en el control.
Agregó que la situación de crisis actual en la EBY revela que no hay un interés en una política de atención a los recursos, que permita tener datos fehacientes de la distribución y de las ganancias. “Esa irregularidad y ese manejo verbal permite que con total impunidad puedan sacar provecho de los recursos que nos pertenecen a todos y todas. Eso les permite a ellos no generar pruebas ni compromisos para que puedan tomar decisiones cuando les conviene, como les conviene”, señaló Ferreira.