10 may. 2026

Ejecutivo sigue trabajando en plan de reorganización del gasto público

Óscar Lovera informó que aún se trabaja en un plan de reprogramación del gasto público. Dijo que no apunta a recortes, sino a priorización. Por ahora, todavía descarta subir tope del déficit.

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Reunión en Senado. Bachi Núñez y otros senadores se reunieron ayer con Óscar Lovera.

GENTILEZA

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, se reunió ayer con la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, donde expuso la situación fiscal actual y dio a conocer los avances sobre la regularización de las deudas del Estado.

Al ser consultado sobre el plan de reorganización del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 que se había comprometido a presentar, señaló que siguen trabajando y que esperan presentarlo al final de esta semana. Sin embargo, aclaró que antes que recortes, se apunta más a “priorizar” los gastos.

“Lo que nosotros queremos en realidad es optimizar los recursos públicos y en esa línea estamos trabajando, (...) en dar directrices claras de cómo ir ejecutando el presupuesto, priorizando lo que se refiere a los bienes y servicios que se tienen que entregar a la ciudadanía (...). El instrumento que tiene hoy el Poder Ejecutivo es a través del plan financiero”, detalló ante la prensa tras el encuentro.

Dicha estrategia se presenta dentro de un contexto donde el margen fiscal es cada vez más estrecho, ante las deudas acumuladas con proveedores, una desaceleración en los ingresos tributarios, menores ingresos de las binacionales y mayor endeudamiento. En ese sentido, el ministro evitó nuevamente confirmar un ajuste del déficit fiscal, aunque dijo que se siguen evaluando todas las herramientas necesarias.

“Estamos trabajando con las deudas en este momento, no puedo decirte que eso (el déficit) se va a elevar porque aún estamos trabajando en las herramientas que tenemos disponibles del sector público y estamos trabajando en conjunto con los proveedores, a los cuales se debe justamente, para llegar a acuerdos para poder definir un plan de pago o un periodo de tiempo en el cual pueden ser canceladas esas deudas”, resaltó.

Aunque evitó precisar un monto global exacto, recordó que las deudas con constructoras rondan los USD 300 millones, mientras estimó que a los proveedores de Hambre Cero se les estaría debiendo alrededor de G. 600.000 millones solo por este año, pero el monto final aún depende de la verificación de los procesos administrativos.

También defendió la ejecución del plan de alimentación escolar, asegurando que los compromisos correspondientes al 2025 ya fueron cancelados, y que desconoce si existen irregularidades en la provisión, como lo denunció ayer la senadora Yolanda Paredes, quien señaló que las porciones que se están entregando a los niños son demasiado pequeñas.

Pese al contexto de presión fiscal, el ministro destacó que desde marzo se observa una recuperación, con un 10% de crecimiento en las recaudaciones tributarias, lo que les permite tener expectativas más optimistas en comparación con el cierre de febrero.

Si bien los USD 150 millones que se comprometieron a abonar a las constructoras entre abril y mayo forman parte de esos mayores recursos que ingresan en el sector tributario, también detalló que una parte corresponde a financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, cuyos recursos estaban destinados a fines específicos. Al respecto, aseguró que las reprogramaciones que se realizan no tendrían un impacto directo en el avance de obras previstas para este 2026, ya que la medida apunta principalmente a ordenar los pagos y aliviar de forma temporal la presión sobre las deudas acumuladas.

Ministro justifica los recursos para servicios de catering en el PGN

Uno de los puntos que fueron abordados también ayer fue sobre eventuales recortes de “gastos superfluos”. Óscar Lovera advirtió que calificar de esa manera a ciertos rubros sin analizar su finalidad puede llevar a interpretaciones erróneas. Mencionó como ejemplo el caso del servicio de catering, cuyos recursos financiados con impuestos se destinan en un 70% a la alimentación de pacientes, mientras que otro 10% cubre la provisión de alimentos para las próximas elecciones.

“Nos queda el 20% (de recursos) que muchos de ellos están vinculados a la organización de eventos a nivel internacional, en donde el Estado asumió compromisos ya hace más de un año”, defendió.

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