Disidentes políticos”. La expresión delata una intención. El gobierno de Donald Trump la incluyó en un documento entregado a Brasil, en 2025, al negociar los aranceles estadounidenses. Pedía que esos supuestos disidentes participaran en las elecciones de 2026. Itamaraty devolvió el planteamiento: Una condena judicial y la pérdida de derechos políticos no hacen de alguien un preso político.
¿Qué hacía una exigencia electoral en una negociación comercial? El arancel servía como presión política. En 2025, la Casa Blanca elevó al 50% la carga sobre importaciones brasileñas y relacionó la medida con el proceso contra el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, condenado ese mismo año por la Corte Suprema de Brasil por tentativa de golpe de Estado, organización criminal, daño calificado mediante violencia, entre otros delitos. También sancionó al juez Alexandre de Moraes. Se puede cuestionar a la Corte Suprema de Brasil y sus fallos, pero otra cosa es que una potencia utilice su mercado y su sistema financiero para torcer decisiones soberanas de otro país.
Se trata de intervencionismo partidario: Washington favorece a dirigentes afines y amenaza a sus adversarios. En Argentina, Trump condicionó un auxilio de USD 20.000 millones a un resultado favorable para Javier Milei en las elecciones legislativas de 2025. En las elecciones presidenciales de Honduras, expresó su preferencia y amenazó con deteriorar la relación bilateral. Lamentablemente, los ejemplos recientes son varios. El mensaje suena brutal: Vote bien, según la Casa Blanca, o pagará un costo.
Pedir respeto al veredicto de las urnas protege el procedimiento sin elegir candidato. Promover a un aliado, presionar a jueces o condicionar comercio y crédito a su victoria altera la competencia.
América Latina conoce el libreto. Documentos desclasificados registran operaciones de Estados Unidos en las elecciones chilenas de 1964 y 1970. Hoy ocurren ante las cámaras, con mensajes presidenciales, sanciones y amenazas arancelarias. La franqueza no legitima la intromisión, apenas la hace violentamente visible.
La Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dice que ningún Estado puede intervenir directa o indirectamente en los asuntos de otro ni aplicar medidas económicas o políticas para forzar su voluntad. La regla vale para todos, incluso para quienes se presentan como guardianes de la democracia. La soberanía no cambia de significado según quién presione o quién reciba el favor.
Desde Paraguay, verlo como una pelea ajena sería un error. Brasil es nuestro principal socio comercial e inversor. Compartimos frontera, Mercosur, Itaipú, flujos migratorios, cadenas productivas, pero también criminales. Una crisis política brasileña cruza el Paraná muy rápido. Afecta comercio, energía y estabilidad regional.
El artículo 143 de nuestra Constitución adopta la independencia nacional, la autodeterminación, la igualdad jurídica de los Estados y la no intervención como principios a ser seguidos en nuestras relaciones internacionales. Defenderlos no supone respaldar a Lula, Bolsonaro ni a un juez. Significa cuidarnos.
No sé si la presión de Trump ayudará a su aliado brasileño, Flávio Bolsonaro, en las elecciones presidenciales del vecino país programadas para el próximo 4 de octubre. Puede provocar lo contrario, como visto en las elecciones canadienses y húngaras. No obstante, el daño a la soberanía nacional y popular ya empezó.
Elecciones libres, Justicia con garantías y cooperación contra el crimen, sí. Ultimátums para rehabilitar, inhabilitar o beneficiar candidatos, castigar jueces o comprar alineamientos, no. Las elecciones brasileñas pertenecen a los brasileños, así como las elecciones paraguayas pertenecen a los paraguayos. El trazado de esta frontera también precautelará la soberanía de nuestras futuras elecciones presidenciales en 2028.
