La derrota de Lula en la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas ha generado en el país vecino una catarata de análisis de lo ocurrido, muchos aplicables a lo que está ocurriendo en el Paraguay.
El resultado ha sorprendido a gran parte de los analistas políticos que pronosticaban una victoria del candidato del Partido de los Trabajadores, debido a que la mayoría de los datos económicos y sociales eran muy positivos.
Durante este tercer mandato de Lula, la economía del Brasil había crecido cerca del 3%, el desempleo del 5,3% era el más bajo de los últimos 15 años y la inflación del 4,5% estaba totalmente controlada.
Por otro lado, el emblemático programa social de transferencia monetaria –llamado Bolsa Familia– fue relanzado con un gigantesco presupuesto de más de USD 30.000 millones.
Por todo esto, al inicio de la carrera presidencial, todas las encuestas indicaban que el carismático líder sindical parecía tener la reelección asegurada.
Sin embargo, los números de la economía no reflejaban el profundo descontento social que se vivía en las ciudades brasileñas. Malestar con una inseguridad creciente que genera miedo, con un transporte público deficiente que es una tortura diaria para millones de ciudadanos, con un empleo precario y con bajas remuneraciones que hace que las expectativas futuras para el trabajador y sus hijos sean muy pesimistas.
Este descontento también es consecuencia de un enorme cambio socioeconómico que hizo que la sociedad brasileña que 20 años atrás era representada por una pirámide, con una amplia base de sectores pobres y una estrecha cúspide de sectores de altos ingresos, hoy se transformara en un rombo, con una clase media que ha crecido, que gana cada vez más protagonismo y que vive en los barrios periféricos de las ciudades.
Gran parte de este análisis de lo ocurrido en el Brasil puede ser aplicado casi totalmente a lo ocurrido en el Paraguay, donde también nuestra sociedad se ha transformado profundamente.
Pero pareciera que la política sigue pensando igual. Una gran parte de las respuestas del Estado continúan girando en torno a una visión tradicional de una pobreza rural, con programas de transferencias monetarias condicionadas como instrumento central.
Estos programas cumplen una función muy importante y deben continuar, pero el problema es cuando se convierten en la principal respuesta política de un Estado que debe atender una sociedad mucho más compleja y en permanente transformación impulsada por la tecnología, los relevos generacionales y los nuevos valores culturales.
Las familias que dejaron el campo y hoy viven en los barrios periféricos de las ciudades ya no demandan solamente asistencia para sobrevivir. Demandan seguridad ciudadana, transporte público eficiente, acceso a una vivienda digna, educación de calidad y oportunidades de empleo que les permita a ellos y a sus hijos progresar.
La derrota de Lula debe dejarnos varias enseñanzas; la primera es que la política del Estado no puede centrarse exclusivamente en las personas que se encuentran en la base de la pirámide social, también debe dar respuesta a la sociedad que estamos construyendo.
No se trata de abandonar a los pobres, sino de ampliar la mirada. De combinar protección social con mejores servicios públicos: seguridad, transporte, educación y salud.
La reducción de la pobreza ha sido un logro muy importante, pero el desarrollo exige algo más: que quienes salieron de ella puedan consolidar su progreso y no vivan con el temor a retroceder.
Todo esto nos enseña que la economía se mide con números, pero el desarrollo y el progreso debe medirse por la calidad de vida de las personas.
En estos últimos 20 años, nuestra sociedad se ha transformado y… nuestra política tiene la obligación de evolucionar con ella.
