Luego de que la Corte notificara al Congreso sobre la conformación de la Sala Constitucional para resolver la acción, senadores cartistas decidieron recusar a los miembros Víctor Ríos y Esteban Kriskovich.
“La acción de Kattya González es evidentemente un caso en que la Corte se ha demorado demasiado tiempo. Es necesario que ahora afronte inmediatamente el desafío de resolverlo de acuerdo a derecho, sin tener en cuenta las implicancias políticas”, manifestó Lezcano Claude.
El presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, anticipó que Honor Colorado y aliados no van a acatar una eventual resolución que devuelva a Kattya su banca. Para el ex ministro de la Corte, esta postura es inadmisible.
“Considerando las declaraciones del presidente de la Cámara de Senadores resulta obvio que existen posiciones divergentes. Pero una autoridad como la mencionada (Bachi) no puede sostener que un órgano tan importante como el Senado no va a acatar lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia. Es un exabrupto inadmisible en un Estado de derecho”, resaltó.
La postura del jurista es tajante al decir que resolver sobre un caso de pérdida de investidura y asegurarse de que se haya hecho acorde con las garantías constitucionales es potestad de la Corte Suprema de Justicia.
“La pérdida de investidura resuelta por la citada cámara es un acto que puede ser objeto de control de constitucionalidad por la Corte. De acuerdo con el Artículo 17 de la Constitución, en el proceso penal y en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, se deben observar las garantías que están previstas en el mencionado artículo”, aclaró.
El ex magistrado manifestó que no hay dudas de que en la destitución de Kattya hubo total irregularidad, por tanto, debe ser el caso atendido por la máxima instancia judicial.
“En el caso de la senadora Kattya resulta evidente y categórico que no se ha permitido a la afectada ejercer su derecho a la defensa, además de otras irregularidades cometidas en ese procedimiento. La Corte debe actuar con la seguridad de que está realizando algo para lo cual tiene competencia y, es más, tiene la obligación de resolver el caso sin dejarse amilanar por los exabruptos proferidos por algunos legisladores”, resaltó.
Lezcano fue determinante además en decir que la destitución es inconstitucional e incluso fue más allá en su postura de que las cámaras ni siquiera tienen competencia para resolver una pérdida de investidura.
“Si nos manejamos dentro de los parámetros aceptados por las cámaras del Congreso, se ha incurrido en múltiples irregularidades que determinan la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de lo resuelto por la Cámara de Senadores. En mi opinión personal, la cuestión es más drástica aún en el sentido de que considero que ninguna de las cámaras tiene competencia para determinar la pérdida de investidura de alguno de sus miembros. Esto significa que el Senado ejerció una pretendida atribución que no tiene, es decir, usurpó una atribución que es propia de la Justicia Electoral. El resultado es la nulidad absoluta de todo lo actuado”, sentenció.
