Editorial

Crisis en Bolivia revive temido fantasma de intervención militar

La renuncia del presidente boliviano Evo Morales ante las masivas protestas ciudadanas tras una grave crisis provocada por las irregularidades señaladas en las últimas elecciones, en las que pretendía ser reelecto por cuarta vez, deja otro episodio traumático para los procesos democráticos de América Latina. Más allá de los cuestionamientos al líder cocalero, lo preocupante es la reaparición del intervencionismo de las Fuerzas Armadas en la vida política, una práctica que permitió la consolidación de funestas dictaduras durante el siglo pasado. Los gobiernos y las sociedades democráticas deben repudiar cualquier atisbo del resurgimiento de pronunciamientos castrenses que afrentan los principios constitucionales.

Luego de los impactantes sucesos de protestas sociales ocurridos en Ecuador y Chile, la vecina nación de Bolivia también se convirtió en escenario de una grave crisis política, tras las denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre, en las que el presidente Evo Morales pretendía ser reelecto por cuarta vez consecutiva, a pesar de que un referéndum había desautorizado su reelección.

Las circunstancias en que el conteo de los votos fue interrumpido y luego reanudado con evidentes cambios técnicos en el control informático de los resultados, generaron las protestas y movilizaciones ciudadanas. El hecho de que Morales se haya declarado vencedor, cuando los indicios mostraban que se llegaría a una segunda vuelta electoral, elevaron aún más los ánimos. En el proceso hubo lamentables episodios de violencia y de vejaciones de uno y otro sector ante el avasallamiento institucional.

Tras varias semanas de protestas y enfrentamientos entre opositores y partidarios del Gobierno, el informe parcial de los observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), dado a conocer el domingo último, en el que se asegura que hubo “contundentes” irregularidades en el proceso electoral resultó determinante. Aunque luego el presidente Morales convocó a nuevas elecciones y a un cambio total del órgano electoral, la acción ya no resultó suficiente para calmar los ánimos de los líderes opositores y de la población indignada.

Una de las aristas más preocupantes de la crisis boliviana es que el jefe del Ejército, Williams Kaliman, haya “sugerido” públicamente que el presidente debía renunciar. Morales, quien permanece al frente del Gobierno desde 2006 y tenía un mandato constitucional hasta enero de 2020, anunció que se veía obligado a abandonar la jefatura del Estado, denunciando que era víctima de un “golpe cívico, político y policial”. Este proceder marca la reaparición del intervencionismo de las Fuerzas Armadas en la vida política, una práctica que permitió la consolidación de funestas dictaduras durante el siglo pasado.

Tras la renuncia, se evidencia una grave situación institucional, con un peligroso vacío de poder, ya que también han renunciado el vicepresidente Álvaro García Linera, además de la presidenta y los dos primeros vicepresidentes del Senado, todos quienes estaban en la línea de sucesión constitucional. Solo se mantiene la tercera vicepresidenta del Senado, la opositora Jeanine Áñez. Uno de los líderes opositores, Luis Fernando Camacho, ha propuesto la formación de una junta de gobierno con el alto mando militar y policial, una salida que no está contemplada en la Constitución.

Ayer, la OEA rechazó cualquier salida inconstitucional y pidió que, en forma urgente, se reúna la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia para asegurar el funcionamiento institucional y apurar la salida electoral a este conflicto.

El desarrollo de los hechos en Bolivia pone una vez más en el tapete el asedio que sufre la débil institucionalidad en la región y el hartazgo ciudadano ante los abusos de los políticos. Los gobernantes, independientemente de la tendencia ideológica, deben leer con claridad estos detalles.

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