La llamada austeridad a la que se apela para conseguir el equilibrio fiscal y asumir los compromisos derivados del endeudamiento tiene graves consecuencias para el crecimiento económico y restringe la oferta de buenos servicios públicos. Al final, la sociedad paga con su propio sacrificio una deuda cuyos beneficios no les llegaron.
Los efectos del endeudamiento en la región y, en Paraguay en particular, en décadas pasadas están profundamente estudiados. La deuda contraída en los años ochenta e inicios de los noventa impulsó, en la mayoría de los países latinoamericanos, la implementación de políticas de ajuste estructural que se materializaron en la reducción de inversiones en las áreas sociales y en infraestructura.
Esta retracción del Estado tuvo consecuencias en el producto interno bruto (PIB) como agregado macroeconómico, pero también de manera directa en la gran mayoría de la población que no tiene condiciones para financiar en el mercado sus servicios educativos, de salud, protección social, transporte, seguridad ciudadana, entre otros gastos. Los retrocesos dieron lugar a la llamada década pérdida, que dejó a más de la mitad de la población en situación de pobreza, destruyó el tejido social y la estructura productiva industrial y privatizó servicios que acabaron siendo peores y más caros para la sociedad.
En Europa se está observando una situación similar desde la crisis financiera de 2009. Los gobiernos de los países están presionando al máximo, los postulados de su contrato social generando terribles niveles de conflictividad social y política, tal como se vio recientemente en Francia.
Este proceso es acompañado, además, por un aumento de los niveles de desigualdad, lo que termina alimentando el descontento social, ya que una gran parte de la sociedad no disfrutó de las ventajas de las políticas financiadas con los fondos de deuda, pero finalmente debe asumir los costos. Como se dice vulgarmente, se privatizaron los beneficios, pero se socializaron los costos.
La austeridad termina siendo un eufemismo que esconde la incapacidad de los gobiernos para financiar el presupuesto público con recursos genuinos provenientes del sistema tributario y para asumir mejoras en la calidad del gasto.
Desde que empezó el rápido crecimiento de la deuda, las autoridades vienen prometiendo reducir la evasión tributaria y mejorar el gasto público. Sin embargo, a lo largo de estos 10 años no solo no se ha logrado, sino que se observa un empeoramiento en ambos objetivos.
La capacidad de control y fiscalización del sector público se ha venido deteriorando progresivamente, proceso que afecta tanto por el lado del gasto como de los ingresos.
Casi diariamente se exponen casos escandalosos, que son detectados por la ciudadanía o por la prensa y no precisamente por los mecanismos institucionales con que cuenta el Estado.
El sostenido crecimiento de la deuda sin mejoras en la calidad del crecimiento ni incremento en las recaudaciones que después de una década pudieran empezar a financiar los compromisos asumidos es una señal del problema que enfrentamos. A eso se agrega la necesidad de contratar deuda para pagar deudas anteriores.
Una inmensa cantidad de evidencia existe a nivel global sobre los riesgos del endeudamiento. Las autoridades fiscales deben asumir la situación y parar el ritmo de crecimiento porque le están dejando a otras gestiones de gobierno no solo el compromiso de pago, sino también las consecuencias negativas.