Venezuela sostiene que las denuncias de violaciones de derechos humanos registradas desde el 2017, cuando manifestaciones antigubernamentales dejaron más de un centenar de muertos, deben dirimirse en el marco de su propio sistema judicial.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI señaló que el enfoque de las investigaciones internas “parece estar generalmente en perpetradores directos y/o de menor nivel” y consideró que se han “tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber periodos de inactividad investigativa inexplicable”.
ALCANCE LIMITADO. Aunque ve que Venezuela está tomando “algunas medidas de investigación”, considera que “sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación” total, sobre todo en lo que respecta a los delitos de persecución y de naturaleza sexual.
“Las investigaciones internas parecen no abordar suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar, refiriéndose, en particular, a la intención discriminatoria que subyace al presunto delito de persecución y la investigación aparentemente insuficiente de los delitos de naturaleza sexual”, señaló la Sala.
No obstante, los jueces recordaron que esta conclusión “no impide” que Caracas pueda proporcionar en el futuro material que determine la “inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad”, es decir, que demuestre que la Justicia venezolana está ya investigando todos los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados por las víctimas y que la investigación del fiscal de la CPI no es necesaria. Además de los argumentos del fiscal para reanudar la investigación y las observaciones de las autoridades venezolanas en contra de la reapertura del caso, los jueces han tenido en cuenta unas 1.875 presentaciones de opiniones e inquietudes transmitidas a través de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas.
ESTATUTO DE ROMA. Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, en el año 2000, y la oficina del fiscal de la Corte recibió en setiembre de 2018 una remisión por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, en la que denuncian la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
En noviembre del 2021, la oficina del fiscal anunció que el examen preliminar iniciado con base en esa remisión había concluido y que se había tomado la decisión de proceder con una investigación formal, pero acompañada de un memorándum de entendimiento con Caracas para impulsar medios y mecanismos que promuevan un proceso nacional en Venezuela.
En abril del año pasado, Caracas pidió diferir las investigaciones del fiscal de la CPI a favor de las autoridades nacionales venezolanas, quienes continuarían buscando pesquisas en este caso.
Sin embargo, en noviembre, el fiscal Karim Khan pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares que le autoricen reanudar esa investigación porque Caracas no está haciendo lo suficiente en el caso.
Desde entonces, Caracas y el fiscal han estado presentando sus respectivas réplicas a la Sala, durante un proceso en el que Venezuela acusó a Khan de “instrumentalizar” la Justicia “con fines políticos”.
