Seguimos entregando algunos apuntes para el análisis sobre el Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 (PNTE 2030). Breve por el espacio.
Primero, debemos recordar que ya en 2017 en la reunión de ministros de Educación en Buenos Aires, con auspicio de oficinas de la ONU, se les estimuló a realizar pronto las transformaciones educativas en la región de cara a la Agenda 2030, aprobada en 2015. El nombre mismo de “transformación educativa” es una bajada de línea de la Agenda.
En 2020 nuestros parlamentarios aprobaron por la Ley 6659/20 el convenio de financiación para el “programa” de la Transformación educativa por la que se recibe la donación de 38 millones de euros de la Unión Europea, la cual condiciona detalladamente en anexos de casi 60 páginas cómo y con quiénes debe realizarse este programa, trazado también para “mejoramiento de la gobernanza”, con un plazo dado a Paraguay de 4 años para la ejecución operativa y 5 años para finalizarlo.
El convenio de la Unión Europea con el Estado, en realidad, establece unos criterios específicos para el PNTE antes de que hubiera documentos locales llamados Acuerdos 1 y 2. Aparecen la igualdad de géneros, inclusión, interculturalidad, enfoque de derechos, entre otros conceptos que poseen sus respectivas interpretaciones en la Agenda 2030. Por ejemplo, el biensonante objetivo 4 que los financistas exigen cumplir es “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Pero también trae consigo metas y estrategias con un diccionario interpretativo llamado Marco de Acción de Educación 2030, que fue aprobado en noviembre de 2015 por la Unesco y sus Estados Miembros, el cual “EXPLICA CÓMO TRADUCIR LOS COMPROMISOS MUNDIALES”. O sea, viene con folleto explicativo, pero con “letra chica”.
Es evidente que nuestro sistema educativo necesita una reforma que contemple todos los aspectos de nuestra realidad, para lo cual nuestra Constitución y la Ley General de Educación establecen un mecanismo de participación ineludible que se llama: “comunidad educativa”, la cual no ha sido suficientemente informada, ni escuchada en este proceso que ya pretende pasar al nivel de ejecución.
Pero el punto esencial de esta siembra que hacemos hoy y que se pretende cosechar en el año 2040, según el texto del borrador de Acuerdo 2 presentado en julio por el MEC, es el CAMBIO DE PARADIGMA que impone la Agenda 2030 y sus financistas en la interpretación de los enfoques trasversales y que pretende una rápida implementación y monitoreo permanente en un marco de GOBERNANZA, que va más allá del gobierno de turno, para el sistema educativo que influirá en nuestros hijos desde la primera infancia. Así, en esta Agenda internacional el “enfoque de derechos” contempla una reinterpretación de la autonomía progresiva de los niños, no como menores dependientes de sus padres, sino como personas “con ciudadanía plena” y posiciona al Estado como principal garante, desplazando a los padres en la patria potestad. El “enfoque de inclusión” considera a los grupos de orientaciones sexuales diversas como grupos culturales que integran la enriquecedora “multiculturalidad” con estilos de vida a valorar como igualmente válidos ante nuestros hijos en nombre de la no discriminación (ver también Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2014-2024).
Si vamos a esperar que se produzcan los frutos utópicos que se nos ofrecen para la cosecha final, antes debemos considerar en qué tierras sembraremos y qué tipo de savia absorberán. Si la savia está envenenada con ideologías que contradicen el sentido común y nuestros valores, ¿qué frutos amargos cosecharemos en el futuro? Los paraguayos entendemos lo que eso significa y pedimos que se nos respete. Las autoridades deben escucharnos y dejar de evadir las objeciones razonables y patrióticas.
En la próxima seguimos.
