En la causa también fue condenado el hijo de Ramón, Fernando González Karjallo, a cumplir una pena de 4 años de cárcel por usura.
La resolución del pleno de la Corte fue aprobada ayer a pedido del ministro Manuel Ramírez Candia, durante la sesión ordinaria.
Ramírez Candia recordó el pedido realizado por la presidenta del Tribunal de Sentencia que condenó a Ramón y su hijo, la jueza Claudia Criscioni, de remitir todos los antecedentes de las actuaciones de jueces que atendieron las denuncias falsas promovidas por Ramón a la máxima instancia judicial para que sean investigadas.
Con esta resolución de la Corte, todos los antecedentes de cada juez que atendió una o más causas que involucran al ex dirigente deportivo serán evaluados por Auditoría de Gestión, haciendo el uso de las sentencias, caso por caso, para analizar las conductas de cada magistrado.
Esto, teniendo en cuenta que durante el juicio que condenó al ex titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), quedó comprobado que jueces y fiscales beneficiaron en sus actuaciones a Ramón, en un esquema de apriete y doble cobro contra sus víctimas, personas que habían realizado préstamos con RGD o sus cheques fueron a para en su poder.
apoyo de la moción. El planteamiento de Ramírez Candia fue respaldado por el ministro Víctor Ríos, quien aseguró que esta “es una medida muy pertinente, ya que afecta al sistema neurálgico del sistema político y judicial del país”. En ese sentido, el ministro Eugenio Jiménez mocionó a favor de aprobar esta resolución, esperando que –refiriéndose a las denuncias contra los jueces– “este tipo de hechos hayan quedado en el pasado”.
A lo largo de dos años, Última Hora desnudó el esquema de usura y doble cobro montado por Ramón González Daher, quien contaba con el apoyo del sistema judicial para lograr su cometido contra las casi 500 personas que fueron afectadas por el clan, cuyo poder estaba centrado en el ex senador colorado y titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Óscar González Daher, recientemente fallecido.
El pasado 10 de diciembre, tras dictar la pena para Ramón y su hijo, la jueza Criscioni, pidió disculpas a todas las víctimas de RGD en nombre de la Justicia paraguaya.
La Dirección de Auditoría de Gestión de la CSJ debe investigar a todos los jueces que atendieron las denuncias falsas de RGD y favorecieron al usurero luqueño en su esquema de apriete y doble cobro.