Los fiscales de la Unidad de Trata de Personas, Claudia Morys, Carina Sánchez, María Isabel Arnold y Nathalia Acevedo, la imputaron debido a que entre noviembre y diciembre del 2019 trajo a su hija Lilian Mariana y a su sobrina María Carmen Villalba, desde la Argentina.
Según sostiene la Fiscalía, ambas luego ingresaron supuestamente a las filas del EPP, donde fueron adoctrinadas en prácticas terroristas, exponiéndolas a esa forma de vida. Las dos murieron luego en un enfrentamiento armado con las autoridades policiales.
La imputación quedó ante el juez Julián López, que remitió luego al juez de Yby Yaú, por lo que se generó un conflicto de competencia.
Al final, los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera determinaron que sea el juez de Yby Yaú el que tenga la causa, ya que los hechos punibles ocurrieron en su jurisdicción.
