El magistrado de paz de Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, presentó su renuncia al cargo ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia para acogerse a la jubilación. Esta fue aceptada por los ministros, con lo que, además, se comunicará al Consejo de la Magistratura para su llamado correspondiente.
Rodríguez estaba suspendido sin goce de salario a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ya que fue enjuiciado por casos dentro de la denominada “mafia de los pagarés”.
Además, el mismo se encuentra imputado por los presuntos delitos de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, debido a que, supuestamente, dictaba resoluciones en los juicios ejecutivos con los informes falsos de los ujieres y actuarios.
Tiene dos causas en su contra. Una es una imputación junto con otros ujieres, actuarios y abogados, a raíz de la auditoría que fue realizada por la Corte y que luego fue remitida al Ministerio Público.
Asimismo, el segundo proceso es por la denuncia de los socios de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).
Ambos casos están ante el magistrado de Delitos Económicos, Humberto Otazú, quien le otorgó las medidas alternativas a la prisión preventiva, con lo que se encuentra con libertad ambulatoria.
Con la renuncia al cargo, deberán ser archivadas las causas en su contra que se encuentran ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ya que perderá jurisdicción al respecto. Seguirán sí las causas penales.
Es el segundo juez de paz imputado que renuncia al cargo. La primera había sido la magistrada de San Roque, Liliana González de Bristot, quien también renunció para acogerse a la jubilación.
En los casos de la mafia de los pagarés, además de los citados, también están procesados los jueces de paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils, y de La Catedral, del primer y segundo turno, Gustavo Villalba y Nathalia Garcete.
