Editorial

Cortar privilegios de legisladores en el Presupuesto General 2022

En el Congreso Nacional volvió la antigua normalidad: Los odiosos privilegios para diputados y senadores de la nación. De acuerdo con el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, aprobado la semana pasada, los diputados recibirán el doble de gasoil del que tendrán disponibles las patrulleras de la Policía Nacional; y, por el otro, los parlamentarios podrán llenar sus oficinas de parientes y asesores el año próximo, gracias a una autoexcepción de la Ley de Racionalización del Gasto. Diputados y senadores son suficientemente recompensados por realizar la labor para la que fueron electos, por eso son inaceptables los privilegios que se asignan a sí mismos. Todo eso debe terminar. Es injustificable que los representantes del pueblo disfruten de tantos privilegios mientras el pueblo a quien representan sufre en la incertidumbre.

El presidente Mario Abdo agradeció a los senadores por la aprobación del Presupuesto 2022, y opinó que lo hicieron priorizando la salud, la educación y los sectores sociales. Sin embargo, una mirada más profunda al Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2022 muestra que la clase política mantiene sus privilegios.

Los diputados recibirán el doble de gasoil que las patrulleras de la Policía Nacional. Por día, los legisladores tendrán G. 117.000 para gastar en sus vehículos; mientras que las patrulleras policiales solamente tienen asignados G. 50.000. G. 3.360 millones se repartirán el año próximo en vales de combustible, de acuerdo con el proyecto de ley que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2022. Llamativamente, en las últimas sesiones, apenas un tercio del total de la Cámara Baja va a sesionar de forma presencial, por lo tanto no se justifica que reciban este rubro.

Es intolerable además que los legisladores, lo mismo que altos funcionarios como ministros y directores, reciban estas ayudas cuando en realidad tienen salarios muy altos.

Estos vales de combustible son una bofetada para el pueblo que va al trabajo en transporte público, en buses atestados, para mantener con sus impuestos a diputados y senadores que dispondrán de combustible gratis, mientras la policía no podrá patrullar los barrios para proteger al pueblo que mantiene a la pesada maquinaria del Estado.

Los senadores también toman ventajas. La Cámara Alta aprobó un articulado donde se autoexceptúa de cumplir con la Ley de Racionalización del Gasto para las contrataciones de nuevo personal, nombramientos y hasta para las promociones de cargo.

La normativa en cuestión establece que las autoridades de los organismos del Estado no podrán contratar parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, mientras que con respecto a los asesores, estipula que podrán ser hasta un máximo de tres. Al quedar esto sin efecto por Ley del PGN, los parlamentarios tienen luz verde para contratar a su parentela sin restricción. Además, los congresistas suspendieron los efectos de la Ley de la Función Pública para las contrataciones y nombramientos, con lo cual no tienen la obligación de realizar concursos para ampliar su clientela.

Con estas decisiones, los parlamentarios paraguayos establecen dos categorías de ciudadanos, los de primera, con privilegios, y los de segunda, el pueblo que los mantiene. Todo esto resulta sumamente insultante para los ciudadanos que han realizado grandes esfuerzos para sobrellevar la crisis por la pandemia del Covid, aún no superada. Han perdido a familiares y amigos, han perdido su sustento y han visto la precarización de su calidad de vida con un futuro que es una incertidumbre, mientras que una pequeña casta de privilegiados que sesiona desde sus casas recibirán vales de combustible por ir a trabajar; y de paso pueden contratar a sus parientes y llenarse de asesores.

Diputados y senadores son muy bien recompensados por realizar la labor para la que fueron electos, por lo tanto no son aceptables los privilegios que se autoasignan.

Se deben cortar todas las concesiones.

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