La noticia más importante de la semana ha sido la publicación de un contrato firmado entre el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia y Kassem Hijazi, para impedir legalmente la extradición de este a los Estados Unidos.
Este hecho hizo pública una lamentable realidad conocida por gran parte de nuestra sociedad, que es la enorme corrupción que existe en todos los sectores y en todas las instancias del Poder Judicial.
Suele repetirse permanentemente la frase de que “la corrupción no es el problema, sino el problema es la impunidad”, porque actos de corrupción existen en todos los países del mundo, pero en general en los países desarrollados estos actos son investigados y castigados.
Pero para que eso ocurra, debe funcionar un Poder Judicial independiente, requisito fundamental para que el mismo sea imparcial y no se encuentre sometido a los diferentes sectores políticos y gremiales.
El Poder Judicial está compuesto por los fiscales y los jueces a quienes la sociedad les encarga la tarea más importante de todas, que es impartir justicia.
Por eso siempre repito el criterio de ese gran jurista que es el doctor Enrique Sosa –presidente de la Corte Suprema de Justicia en el año 1997–, de que un juez es una persona que debe estar por debajo de Dios, pero por encima de los hombres, porque es la única persona que con su decisión puede quitarte tu libertad, tu patrimonio y tu dignidad.
Si les damos esa autoridad sobre nuestras vidas a personas corruptas o sin carácter, tenemos lo que hoy podemos ver, un Poder Judicial cooptado por diferentes intereses y grupos de poder.
En un estudio realizado en el Perú por la abogada Beatriz Mejía Mori se citan cuatro factores que explican la corrupción en el sistema judicial de dicho país.
En primer lugar, el lobby de los abogados, compuesto por importantes estudios jurídicos integrados muchas veces por ex jueces y ex fiscales que trafican influencia al interior del Poder Judicial.
En segundo lugar, la presión de los diferentes sectores políticos, especialmente de los senadores y de los diputados que tienen gran influencia para el nombramiento y la confirmación de los jueces.
En tercer lugar, la prensa, debido a que muchos jueces débiles de carácter difícilmente van a actuar con imparcialidad cuando la opinión pública, influenciada por los medios, ya tiene una posición sobre un tema determinado.
En cuarto lugar, la corrupción de los fiscales y de los jueces que con el deseo de llevar una vida ostentosa utilizan su poderoso cargo para ganar dinero.
En determinados casos estos cuatro factores pueden actuar al unísono y en forma complementaria.
Lo que ha tomado estado público en el caso de Hijazi nos ha demostrado cómo la corrupción ha hecho metástasis en gran parte del cuerpo del Poder Judicial y cómo esta situación pone en peligro la vida misma de nuestra República.
Si bien en el Estado existen tres poderes y debe buscarse un equilibrio entre los mismos, a mí no me cabe duda de que el más importante es el Judicial y solo como ejemplo, una ley promulgada en el Congreso o una resolución del Poder Ejecutivo pueden ser anuladas por el Poder Judicial.
La última decisión siempre tiene el Poder Judicial y la misma es inapelable. Esa es la garantía que tenemos los ciudadanos de que nuestros derechos serán respetados ante agravios de otras personas o de los otros poderes del Estado.
Por eso la corrupción que hoy tenemos en el Poder Judicial nos deja indefensos y pone en peligro la sobrevivencia misma de nuestra República. Porque solamente una buena administración de la justicia puede garantizarnos la libertad y la igualdad.
