Critican la alta morosidad en la resolución de casos emblemáticos y una resistencia a la era informática.
La titular de la Coordinadora de Abogados, la activista Esther Roa, alega que estas deficiencias han contribuido a la impunidad de numerosos expedientes emblemáticos de corrupción, afectando gravemente la administración de justicia en Paraguay.
Apunta directamente hacia la gestión del ministro por la demora excesiva en la resolución de los casos sonados de corrupción pública.
La titular de la Coordinadora señala que Garay ha demostrado una preocupante falta de compromiso con la justicia. Apuntó que su ausencia en el Poder Judicial bajo el pretexto de sus responsabilidades en el JEM ha agravado su ya evidente morosidad. Además, afirma su práctica de evitar la recepción de expedientes para no contabilizar días de retraso es no solo inmoral sino ilegal.
La activista de esta organización, Esther Roa, dijo que Garay mantiene bajo su control varios expedientes clave de casos de corrupción, muchos de los cuales corren el riesgo de quedar impunes.
“La dilación en la resolución de estos casos constituye un grave incumplimiento de sus funciones, o mal desempeño de funciones, causal directa de juicio político. Sin embargo, su respaldo político le garantiza impunidad, frustrando la posibilidad ciudadana de destituir a un funcionario que atenta contra el sistema de justicia”, dijo.
“La impunidad en casos emblemáticos de corrupción es un crimen que no puede tolerarse. Quienes la facilitan deben ser considerados responsables de graves violaciones a los derechos fundamentales de los paraguayos”, afirmó la activista que pone bajo lupa esta situación.
Casos. Entre los sonados casos de corrupción con condenas firmes, pero sin ejecución y que se encuentran en el despacho del ministro César Garay son el del ex diputado Carlos Soler; ex titular de la Dinac Édgar Beto Melgarejo, el del ex ministro del Interior Francisco de Vargas, el del ex diputado colorado Miguel Cuevas condenado por enriquecimiento ilícito, el caso del actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, el del ex intendente liberal de San Antonio Raúl Isaac Mendoza, el del ex titular del Indert Justo Cárdenas, el caso del ex senador Rodolfo Friedmann, el del ex titular de Petropar Sergio Escobar, entre otros.
Desde la coordinadora señalan que lo más alarmante es que la impunidad de estos expedientes no genera consecuencias para fiscales, jueces, miembros de tribunales ni siquiera para la propia Corte Suprema de Justicia.
El organismo señala que la falta de voluntad política, la presión de sectores de poder y la corrupción dentro del Poder Judicial han generado un ambiente donde incluso los fallos de la más alta instancia pueden quedar sin aplicación.
“Esta falta de sanción perpetúa el deterioro de la justicia y favorece la corrupción, afectando directamente la vida de todos los paraguayos. La lucha por una justicia íntegra no puede cesar. La sociedad civil debe continuar exigiendo transparencia y responsabilidades para aquellos que socavan el sistema judicial y traicionan el principio fundamental del Estado de derecho. Con la esperanza puesta en los siguientes periodos legislativos, guardamos celosamente todas las documentaciones que pueden fácilmente enjuiciar a los ministros responsables de la alta impunidad de expedientes emblemáticos de corrupción”, afirmó Roa.
respaldo político. Roa incluso fue más allá y sostuvo que el ministro Garay goza del apoyo político de Horacio Cartes.
“A pesar de las críticas generalizadas sobre su desempeño, su estrecha relación con Horacio Cartes, le ha valido un premio político: La presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), una institución corrompida y dominada por sectores que atentan contra nuestra democracia republicana. Si en la Corte su gestión ha sido problemática, en el JEM no será diferente”, advirtió.
“Demora muchísimo en firmar. El ya casi no se va al Poder Judicial. Algunas personas o funcionarios me dicen que está muy seguro, que se va mucho al quincho. Y descuida tanto el JEM en cuanto a resoluciones como el Poder Judicial cuando se deben integrar la sala. Eso ayuda a la mora, cuanto más demoran los ministros en responder, más ayuda al corrupto. Podemos pensar también en que están confabulados en apoyarles a los corruptos. La CSJ es un cuerpo, pero no actúa como tal”, sostuvo.
Roa explica que “cuando se tiene que integrar la sala constitucional o sala penal pasan por su despacho para que revise si va a integrar o no la sala, tanto el secretario de la sala constitucional o sala penal tiene que tener su anuencia para que los expedientes vayan a su despacho. Es un arbitrario y le niega a los funcionarios que le lleven a su despacho”.
De acuerdo con la Ley N° 5162/2014 – Código de Ejecución Penal de Paraguay, la ejecución de condenas firmes debe garantizarse sin obstáculos indebidos, permitiendo la aplicación efectiva de las penas y evitando estrategias que busquen eludir su cumplimiento. Sin embargo, pese a la claridad de esta normativa, los juzgados de ejecución y tribunales de sentencia, han optado por no recepcionar ni remitir respectivamente expedientes de condenas firmes para su cumplimiento.
