La Coordinadora de Abogados del Paraguay (CoaPy) presentó este lunes una denuncia penal por supuestos hechos de corrupción pública contra el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, en el marco de la adquisición de comisarías móviles a un alto costo.
A raíz de la condena al senador colorado Víctor Bogado, organizaciones civiles presentarán, este lunes, un nuevo pedido de pérdida de investidura en su contra, en el Congreso Nacional.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, aseguró que entregar la declaración jurada del senador liberal Dionisio Amarilla es un mero trámite que se debe hacer si hay una orden de la Fiscalía.
Los grupos de escraches ciudadanos y de abogados iniciaron una serie de medidas de presión para lograr que el senador colorado renuncie al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
El Ministerio Público, a cargo de Sandra Quiñónez, ni siquiera designó a un fiscal que se encargue de indagar al diputado liberal. Se excusa con que la Contraloría no entrega los documentos.
En los próximos días los miembros de la máxima instancia judicial elegirán a su presidente y vicepresidente que tendrán la difícil misión de administrar la Justicia.
Gremios de abogados emitieron un comunicado para repudiar la designación del senador Enrique Bacchetta como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), alegando que se trata de la vuelta de un sistema corrupto.
Integrantes de la Comisión Escrache Ciudadano se manifestaron frente a la sede del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en contra de la elección de Enrique Bacchetta como presidente del órgano. Califican como un retroceso que un legislador ocupe el cargo.
La representante de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, Esther Roa, afirmó que el sector no permitirá que los políticos quieran ocupar la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Recordó la gestión del ex senador Óscar González Daher.
La Contraloría General de la República no remite la correspondencia de bienes de Dionisio Amarilla, reveló la fiscal general del Estado, Sandra Quinónez. El senador libero-cartista fue denunciado por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
