Conforme a lo indicado, Contraloría expresa que la Conajzar debió revocar el contrato y ejecutar la garantía de cumplimiento del contrato; además de iniciar un proceso investigativo y, si corresponde, dar parte al Ministerio Público.
“No hemos visualizado el análisis técnico comparativo efectuado acerca del cumplimiento de cada uno de los recaudos exigidos para la oferta, con relación a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), como tampoco se ha realizado un acto administrativo emitido por el comité de evaluación, consistente en el informe de Evaluación, debidamente fechado y suscrito por los integrantes del comité”, expresa el documento.
Además, de acuerdo con el dictamen de la CGR, en el contrato se agregó una cláusula, la referida a la ubicación del casino, que resulta arbitraria a los intereses del Estado al otorgar condiciones desmedidas a la firma adjudicada.
Sigue mencionando que las obligaciones estipuladas en el PBC restringen atribuciones legales que harían que el Estado deje de recibir cánones correspondientes por la explotación de juegos de azar.
También en su informe la Contraloría refiere que “no resulta claro el motivo por el cual la administración anterior de la Conajzar (liderada por Javier Balbuena) introdujo cláusulas en el contrato con Vimérica que resultan desfavorables para los intereses del Estado”.
Entre las recomendaciones del ente contralor, se encuentra la de realizar (por parte de Conajzar) un control exhaustivo de todos los documentos que forman parte de la licitación pública y dar participación a su asesoría legal en la verificación de los mismos.
Contraloría considera que estos instrumentos establecen el vínculo contractual entre las partes, además por tratarse de un proyecto que implica una gran inversión de recursos económicos, que pretende generar también más ingresos en concepto de canon mensual, destinados al Estado paraguayo.
También recomienda a la Conajzar un mayor rigor técnico en la elaboración de los informes de evaluación, para evitar mala interpretación o confusiones que generan incertidumbres al momento de evaluar la oferta.
