El contralor general de la República, Camilo Benítez, confirmó que la denuncia fue presentada en forma anónima el pasado 22 de marzo, y actualmente se encuentra en la Dirección de Transparencia, donde se formará un expediente y posteriormente pedirán antecedentes del caso.
La denuncia refiere que la Corte tiene a su cargo la venta de materiales de uso notarial, pero que había cedido esa labor al Colegio de Escribanos del Paraguay por una acordada de 1990 y de 1999.
Alega que de lo recaudado, el 70% debe ir a la Corte y el 30% al Colegio de Escribanos. Dice que esta delegación se hará sin perjuicio del control, ya que la suma pertenece al erario público.
La denuncia agrega que unos 1.400 escribanos pagan un promedio de G. 1.500.000, lo que da un monto mensual de G. 2.100 millones, lo que al año sería G. 25.200 millones. Indica que la Corte intimó y reclamó al Colegio de Escribanos la suma de G. 14.000 millones, desde el 2014, con lo que pide saber cuánto es el monto de la deuda, y desde cuándo no es reclamado.
Remarca que, en siete años, la suma debería ser de G. 175.000 millones, lo que debería conocerse con exactitud con la auditoría que pide se realice la Controlaría.
También pide a la Contraloría que soliciten los informes a la Corte Suprema de Justicia y al Colegio de Escribanos del Paraguay, de modo a cruzar los balances que realizan.
En caso de que la Contraloría halle algún hecho punible, la Contraloría General de la República deberá remitir el caso al Ministerio Público, que abrirá a su vez una investigación penal.