En la denuncia formal se hace alusión a un supuesto desvío de 48,85% de los recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este, provenientes del impuesto inmobiliario y de patente a rodados. El monto asciende a más de G. 7.000 millones y la mala aplicación se encuadra como delito de lesión de confianza, señalan los representantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, bajo la coordinación del licenciado Julio López.
Los miembros de la organización pidieron una investigación penal contra Miguel Prieto y, si resultare, contra la Junta Municipal, que son contralores de la administración municipal, conforme a la denuncia, cuya investigación queda a cargo del fiscal Sergio Irán Villalba.
Los datos fueron socializados hace cuatro semanas por la organización y, en consecuencia, el intendente Prieto acusó a sus miembros de tener intereses económicos y políticos en el caso, para cuestionar su administración.
“Prieto, en su carácter de intendente, se encuentra obligado a proteger los intereses patrimoniales de la Municipalidad de Ciudad del Este. Lo recaudado en impuestos inmobiliarios recibió un destino ajeno a lo establecido en las disposiciones legales citadas; por tanto, al utilizar indebidamente dinero en cosas diferentes a lo que iba destinado su uso, provocó a la institución administrada un grave perjuicio patrimonial, configurándose su conducta en el hecho de lesión de confianza”, afirman en un escrito presentado ante el Ministerio Público.
ANÁLISIS. El documento menciona que el intendente malversó la suma de G. 7.448.534.306, proveniente de la recaudación del impuesto inmobiliario, en violación de expresas normas legales establecidas en la norma que modifica artículos de la ley del nuevo régimen tributario y de la Orgánica Municipal y la de Orgánica Municipal Fondo Especial para la Pavimentación. Desde la organización señalan que la ley refiere que los recursos provenientes del impuesto inmobiliario serán destinados conforme al siguiente detalle: gastos corrientes el 40% y gastos de capital el 60%. Los recursos supuestamente mal utilizados provienen de una contribución especial del 10% de los propietarios de inmuebles y de rodados.
“La comisión del hecho punible se configura en la siguiente conclusión, en cumplimiento del artículo 179 de la Ley 5513/13 se observa que de los G. 15.246.678.582 que debieron aplicarse a gastos de capital, solo se aplicaron G. 7.797.144.276, cifra que representa al 54,15% y el monto que habría sido asignado a otros gastos suma un total de G. 7.448.534.306, representando el 48,85% que fueron desviados a otros fines”, indica el escrito.
Agrega que “la inobservancia y el apartamiento de lo previsto en el artículo 179 de la Ley 5513/15 configuran incumplimiento de la Ley Orgánica Municipal, además de implicar mal desempeño de funciones, constituye la malversación de fondos de la Municipalidad, el delito de lesión de confianza, por destinar el dinero que administra a una aplicación distinta a lo establecido en la ley, afectando de esa manera el servicio o la función específica para la que estaban destinados” dichos recursos.