La Contraloría General de la República, en su última auditoría financiera a la Industria Nacional del Cemento (INC), realizada en el 2007, ya detectó la práctica irregular e ilegal de hacer “anticipos con cargos a rendir” a funcionarios de la Industria Nacional del Cemento y llamó la atención en sus observaciones sobre estas prácticas, señalando su ilegalidad y su mala aplicación en perjuicio del Estado.
Tanto el actual contralor general, Óscar Rubén Velázquez, como la directora general de Control a Entidades Descentralizadas, Emi Moriya, coinciden en que las cuatro resoluciones por las que Optaciano Gómez concedió sumas millonarias bajo la figura de “anticipo a rendir” son a simple vista irregulares, pero que amerita una investigación para determinar la gravedad de los casos y si hay o no hechos punibles configurados. “Así a simple vista se observan que en las cuatro resoluciones hay una irregularidad, pero se debe realizar una investigación más a fondo para poder constatar. Es así como dijo Emi (Moriya). Por los montos para compras estaría en contra de la Ley de Contrataciones, pero hay que ver”, señaló el contralor.
AUDITORÍA. El contralor general señaló que para este primer semestre del año está planificada una auditoría financiera a la INC, ya que la última vez fue en el 2007.
“La Contraloría realizó en el 2007 la última auditoría a la INC y luego se entregaron las observaciones, en las que ya se llamó la atención sobre el uso de estas figuras de anticipos a rendir”, explicó.
En este sentido, la Contraloría iniciaría una investigación profunda sobre el caso para determinar si existe un hecho punible, si es que no se llega a rendir cuentas de manera correcta los más de 600 millones de guaraníes, o más, que fueron repartidos por las autoridades de la INC para funcionarios en menos un mes bajo la inexistente modalidad de “anticipos con cargo a rendir”.
Una vez que se determine un indicio de hecho punible, si lo hubiera, la Contraloría remitirá los antecedentes a la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público para que investigue a fondo el caso. Este proceso obviamente requiere un largo tiempo de investigación y da tiempo a las autoridades de la cementera a realizar todos los descargos posibles sobre cualquier tipo de acusación o sospecha de delito. La falta de mayores penas y sanciones para los delitos administrativos en el Estado también juega un papel en contra. La INC debe justificar los gastos que realizó con el dinero que irregularmente otorgó a ciertos funcionarios.