Un estudio global sobre la fortaleza del estado de derecho en 140 países, de acuerdo con un ránking de The World Justice Project, lanzado en noviembre pasado, indica que Paraguay se encuentra en la posición 24 de 32 países de América Latina y el Caribe y en la posición 96 en el mundo.
El contralor enumeró tres situaciones que afectan al Paraguay en materia de control. Una es que contra la ley que le da una potestad única a la Contraloría para realizar fiscalizaciones, más de 100 instituciones del Estado presentaron acciones de inconstitucionalidad. Para eludir los controles y presentar sus rendiciones de cuentas ante el Tribunal de Cuentas. “Esto genera un manto de impunidad enorme”, destacó.
Citó como caso emblemático al Tribunal Superior de Justicia Electoral, que está implementando un nuevo sistema electoral de urnas electrónicas, para lo cual se alquilaron como 30.000. “No sabemos cuánto se gastó, no hay transparencia en la difusión de dicho gasto”. Otro punto es que la Contraloría ya no solamente hará controles posteriores, sino anticipados. Utilizará lo que se conoce como big data o inteligencia artificial, que es cruzar los datos que están en el Estado y poder alertar anomalías antes de que ocurra el malgasto público. “Estamos preparando el año que viene la creación de una dirección para implementar este sistema”, aclaró. Un tercer aspecto citado por el contralor es la falta de autonomía presupuestaria, lo que afecta la independencia de los organismos de control. “Al no tener autonomía de nuestros presupuestos nos vemos tentados a sucumbir ante la presión política”, dijo.
La solución sería otorgarles un porcentaje del Presupuesto General de Gastos. “Si nosotros tuviésemos el 2% del Presupuesto General de Gastos tendríamos esa independencia que es tan importante”, dijo.
Si no hay independencia en los organismos de control, es muy difícil que podamos erradicar la corrupción.
Camilo Benítez,
contralor general.