El Consulado General del Paraguay en Buenos Aires se halla ante la encrucijada de aplicar la Ley N° 4033 de Aranceles Consulares que establece como excepción exonerar del pago de aranceles solo a los compatriotas que declaran insolvencia, y resistirse al pedido de organizaciones de paraguayos residentes en la Argentina que piden se cumpla el Tratado del Mercosur sobre Residencia. Esta dispone que los documentos destinados a migraciones no precisan ser legalizados. Por lo tanto no generan aranceles consulares.
La intención de la nueva cónsul general, Celia Cañete, de aplicar la ley de aranceles consulares tropieza con una medida del 2011, por la que temporalmente se dispuso exonerar del pago de aranceles de visados de documentos a los compatriotas, y facilitarles de este modo la regularización de su situación migratoria.
Esta medida, en la práctica sigue vigente y los compatriotas la consideran un derecho adquirido.
La Ley 4033, sin embargo, establece que esa exoneración debe aplicarse solo a casos muy particulares de aquellos que demuestren dificultades económicas. “Pero no exonerar 200 casos por día”, aclaró Carlos Closs, funcionario de la Embajada paraguaya en la capital argentina.
Esta representación emitió una circular a todos los consulados del país en la Argentina con “un modelo de la declaración jurada de pobreza” que deben completar los compatriotas que soliciten la exoneración de aranceles cuando acudan a tramitar y visar documentos, como el certificado de antecedentes policiales (35 dólares), certificado de acta de nacimiento (30 dólares); certificado de acta de matrimonio (30 dólares) y certificado de acta de defunción (30 dólares).
Closs dice que el Consulado General en Buenos Aires atiende entre 90 y 160 connacionales por día y que es imposible exonerar a todos del pago de aranceles.
La Cancillería aclaró que se aplicará el artículo 17 de la Ley 4033, que establece que los residentes paraguayos en el exterior, cónyuge e hijos menores con fuero de pobreza, comprobado por los respectivos funcionarios consulares, serán eximidos del pago de los derechos correspondientes a las actuaciones necesarias previstas por dicha norma.
Los funcionarios concederán esta exoneración excepcionalmente en los casos indispensables y con criterio restrictivo. Las organizaciones de paraguayos no están de acuerdo y llaman a manifestarse el próximo 14.
