22 nov 2026

Consideran que la reunión secreta fue grave por procesos pendientes en la Corte

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En la mira. Ministros de la Corte durante una reunión.

El ex senador Hugo Estigarribia analizó la polémica reunión que mantuvieron seis ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el presidente de la República, Santiago Peña.

El polémico encuentro permaneció en secreto, aunque llegó a filtrarse a través de un medio, hasta que los propios ministros admitieron.

Al mismo tiempo, persisten las dudas sobre la participación del ex presidente Horacio Cartes, actual titular del Partido Colorado, ya que nadie la desmintió.

“Lo sucedido es grave teniendo en cuenta que no era todo el cuerpo colegial que se reunió. No se hizo público; no se hizo público lo que se iba a tratar, no había agenda, hubo secretismo y se ocultó durante más de una semana”, increpó Estigarribia.

“Y también es grave porque el sector político con el que se reunieron tiene proceso pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia, de la cual son mayorías o seis concretamente pedidos contra el presidente y otros de parte del líder de ese sector político oficialista”, sostuvo.

Indicó que “si de alguna manera se han reunido, no solamente con un poder político al cual no corresponde, porque el Poder Judicial debe estar alejado del poder político; y si va a estar presente en una reunión, tiene que ser con una agenda y una transparencia, y una publicidad determinada”, sostuvo.

“Incluso hay un código de ética que rige también para los magistrados, y en este caso yo creo que pone un manto de duda importante”, alegó.

“Ellos hablaban de cuestiones administrativas; por otro lado, el ministro Jiménez Rolón no aclaró qué se entiende por cuestiones administrativas. Si se refiere solamente a temas de ejecución de presupuesto, asignación de fondos y si fue así, estuvo o no; el ministro de Economía y Finanzas es el que maneja eso”, remarcó.

“La Presidencia de la República nunca informó de estas reuniones. Hubo un ocultamiento total. Esto genera absoluta inseguridad jurídica para los litigantes; injerencia del poder político en el poder judicial”, dijo.

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