El objetivo es cotejar la documentación, ingresos y posteriores gastos de unas 39 entidades gubernamentales, entre ellas ministerios, secretarías y empresas estatales, que fueron las beneficiarias del total del crédito de USD 1.600 millones, atado a otros créditos que se fueron sumando y provocaron el aumento de la deuda pública.
La comisión viene realizando una investigación minuciosa a raíz de que algunas entidades, en el contexto particular de la pandemia, han solicitado más créditos o tienen proyectado hacerlo, pero que, en ocasiones, aún tienen saldo de la partida crediticia anterior.
Es el caso del Instituto de Previsión Social (IPS), de cuyo expediente enviado a la comisión se desprende que, en concepto de subsidios a los asegurados de la previsional, gastó unos 73,8 millones de dólares aproximadamente, es decir, el 73,8% que tenía presupuestado para este rubro. Sobra el 26,2%, o sea, unos USD 27 millones, sin ser ejecutados, pero aún así las autoridades el IPS ya tienen previsto pedir un nuevo desembolso a Hacienda por unos USD 50 millones.
Entidades. Son 39 los organismos afectados por la ley de emergencia del Covid que remitieron su rendición de cuentas hasta la fecha: Secretaría de Emergencia Nacional, Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, Secretaría Nacional Anticorrupción, Ministerio de Desarrollo Social (Tekoporã), Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Instituto de Previsión Social y el Hospital de Clínicas - Facultad de Ciencias Médicas (Universidad Nacional de Asunción).
Así también, obran los documentos de rendición de la Policía Nacional, el Instituto Paraguayo del Indígena, el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, la Agencia Financiera de Desarrollo, el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, el Servicio Nacional de Calidad Vegetal y Semillas, el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, el Consejo de Gobernadores, y el Fondo de Garantía para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Siguen el Banco Nacional de Fomento, la Secretaría Nacional Antidrogas, la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social, Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, la Dirección Nacional de Aduanas, la Secretaría de Emergencia Nacional, el Gabinete Militar de la Presidencia de la República, Repatriados, así como las empresas ANDE, Essap, INC y Petropar.
Toda la documentación tuvo entrada oficial el pasado martes durante la sesión extraordinaria de la Cámara Alta. La remisión del informe es en el marco de las rendiciones de cuentas de los organismos y entidades del Estado, contemplado en la Ley 6524/2020.
Trámite y control. La respuesta del Ejecutivo data de marzo pero ingresó en abril. Dado que las necesidades para la pandemia hacen que semana a semana se asignen nuevos recursos a cada entidad, en especial a Salud, hace prácticamente imposible que las instancias de control les sigan el paso a todos los contratos en proceso.
La única entidad que tiene hasta el momento registrado en tiempo real cómo marchan los contratos hechos para compras Covid, a nivel macro -es decir- las realizadas tanto por entidades del Gobierno Central, así como las gobernaciones y municipalidades, es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Hasta el día viernes de la semana pasada, la entidad ya registró un total de 266 procesos de compras, es decir, las que ya finalizaron y fueron adjudicadas.
El monto total de compras Covid supera ampliamente lo presupuestado en el préstamo de emergencia, pues los organismos descentralizados hacen los llamados con base en su propio presupuesto, muchos de ellos vía excepción.
