La norma, impulsada por la oposición debido a la demora del Gobierno de Sebastián Piñera para entregar ayuda en medio de la crisis por la semiparalización que causó la pandemia de coronavirus, fue aprobada por 116 votos a favor, 18 en contra y cinco abstenciones en la votación final en la Cámara de Diputados en su tercer trámite legislativo.
Desplegando banderas y entonando el himno nacional, varios diputados celebraron en el Congreso una votación impensada hace cuatro meses, menos aún con el apoyo de parlamentarios de la derecha chilena.
Duro golpe al gobierno
El Gobierno tiene la posibilidad de vetar la ley o enviarla al Tribunal Constitucional para su revisión en un último intento por evitar su entrada en vigencia, pero todavía no ha dicho cuáles son sus intenciones.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, explicó que “todavía quedan algunos procedimientos administrativos y el Ejecutivo tomará una decisión al respecto cuando se despache el oficio promulgatorio”. Pero no dio plazos.
Si decidiera vetarla o enviarla al TC, corre el riesgo de hacer estallar la calle, donde la iniciativa cuenta con un altísimo respaldo popular y su tramitación en el Congreso fue precedida de protestas y masivos cacerolazos.
Las encuestas muestran que más de un 80% de la población apoya el retiro anticipado de los fondos como forma de paliar la merma en los ingresos que para grandes sectores han significado más de cuatro meses de pandemia, sobre todo en las clases medias, donde hasta ahora no se ha concretado ninguna ayuda oficial de las anunciadas por el presidente Piñera.
Piñera intentó sin éxito convencer a los parlamentarios de su coalición de oponerse a la iniciativa, mejorando su propuesta de medidas para la clase media con un bono de USD 630 y un crédito blando de USD 1.900 que se discute todavía en el Congreso.
“No siento que uno experimente una derrota cuando lucha con convicción y con fuerza por lo que cree es mejor para Chile y los chilenos”, dijo el mandatario, consultado este jueves por la prensa.
Primer paso de reforma
La ley aprobada permite a los 10,9 millones de afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creadas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), retirar hasta un máximo de 4,3 millones de pesos (USD 5.400) y un mínimo de un millón de pesos (USD 1.250) de sus fondos de pensión. Quienes tengan ahorrado menos de ese mínimo podrán retirar la totalidad de su fondo.
Se calcula que el retiro promedio rondaría los USD 1.600.
La normativa estableció que el retiro quedará exento del pago de impuesto. La mitad de los fondos se entregarán en un máximo de 10 días desde que se presente la solicitud y el resto en otros 30 días, con un plazo máximo de un año para concretar la operación.
Si bien es una medida excepcional representa la primera gran transformación de este sistema privado instaurado 1981, pionero en establecer la capitalización jubilatoria absolutamente individual y que se convirtió en uno de los motores del sistema económico chileno.
Pero a punto de cumplir 40 años de funcionamiento, el sistema es fuertemente cuestionado por las bajísimas pensiones que entrega y por incumplir su promesa de igualar para el año 2020 el último salario del trabajador, pese a que ha logrado acumular USD 200.977 millones, equivalentes al 80% del PIB chileno.
A junio, el sistema entregó una pensión promedio de 195.000 pesos (USD 250), casi 40% por debajo del salario mínimo.
Estimaciones oficiales cifran entre USD 17.000 y USD 20.000 millones el máximo que podría salir del sistema una vez que se concrete la ley de retiro, que tendría un impacto en el monto futuro mensual de las pensiones de entre un 5% y un 10%.
