El líder de la ultraderecha, procesado por golpismo por la Corte Suprema y eje de la discordia, cumple desde este sábado las medidas cautelares dictadas por el tribunal este viernes por “instigar y auxiliar” al gobierno de Trump en “la práctica de actos hostiles contra Brasil”.
Ello implica el uso de una tobillera electrónica, permanecer en casa durante la noche y fines de semana y no usar redes sociales, entre otras respuestas judiciales a las gestiones que, con su hijo y diputado Eduardo Bolsonaro, ha hecho ante EEUU para presionar a los magistrados que lo juzgan y al propio Brasil.
En el caso de los jueces, la sanción llegó la noche de este viernes, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la revocación de los visados del juez Alexandre de Moraes, relator del proceso por golpismo, así como de su familia y sus “aliados” en una supuesta “caza de brujas” contra Bolsonaro.
Esa decisión se sumó a la amenaza de Trump, quien dice estar dispuesto a aplicar aranceles del 50% a Brasil a partir del 1 de agosto, si no se pone fin al proceso penal contra el líder de la extrema derecha.
“MEDIDA ARBITRARIA”. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió a las sanciones a los miembros del Supremo con una dura nota oficial, en la que protestó por “otra medida arbitraria” del Gobierno de Trump.
“Ningún tipo de intimidación o amenaza, de quien quiera que sea, comprometerá la más importante misión de los poderes e instituciones nacionales, que es actuar permanentemente en la defensa y la preservación del Estado democrático de derecho”, afirmó el líder progresista.
“La interferencia de un país en el sistema de Justicia de otro es inaceptable y hiere los principios básicos del respeto y la soberanía entre las naciones”, agregó Lula, quien desde la semana pasada, cuando Trump amenazó con los aranceles, mantiene un firme pulso con el líder republicano.
SIGUE EN “BATALLA”. Con Bolsonaro ausente en las redes sociales, su hijo Eduardo mantiene su febril actividad en las plataformas, que define como una “batalla” por “la libertad y la democracia”.
Lo hace desde EEUU, donde desde marzo pasado dice “luchar por justicia” para su padre y se ufana de haber influido en la escalada de sanciones a Brasil.
Ayer, subrayó el carácter político de la amenaza arancelaria y aseguró que “Trump ha percibido que existe una élite financiera que da soporte al régimen brasileño” y que “de ahí vino el arancel del 50%”.
También celebró la suspensión de los visados de los magistrados y agradeció efusivamente a Marco Rubio, así como avisó de que “viene mucho más” y sugirió que el próximo paso sería la ley Magnitsky.
Esa legislación estadounidense establece sanciones a aquellas personas u organismos responsables de violar los derechos humanos en cualquier parte del mundo.
EXTREMA DERECHA UNIDA. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Filipe Barros, anunció que ha denunciado la “persecución” contra Bolsonaro ante organismos internacionales y ha pedido la “solidaridad” de la derecha mundial.
El diputado bolsonarista aseguró que ha “accionado” a la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y a diversos partidos, entre los que citó al español Vox y al portugués Chega, que ya se han solidarizado con el líder de la ultraderecha brasileña.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, dijo en X que “De Moraes y Lula tienen motivos para estar preocupados” y “lo demuestran con sus prácticas arbitrarias y criminales”.
Según Abascal, “Bolsonaro representa la dignidad y la integridad de una nación. A él lo quiere el pueblo; a ellos los repudian por corruptos y por encarcelar a brasileños inocentes”.
André Ventura, líder de Chega, se expresó en los mismos términos, también en redes sociales, al consignar lo siguiente: “No puedo dejar de condenar lo que está pasando en Brasil. Bolsonaro fue llevado a la policía para ponerle una tobillera electrónica y el verdadero ladrón está en la presidencia”, afirmó el político luso.
