04 ene. 2026

Conflicto entre Argentina y Uruguay por papelera recrudece y vuelve a La Haya

El conflicto entre Argentina y Uruguay por la planta de pasta de celulosa de la finlandesa UPM (ex Botnia) recrudeció este miércoles, tras la decisión del Gobierno uruguayo de autorizar un aumento de producción en la empresa y la de Buenos Aires de acudir nuevamente a la Corte Internacional de La Haya.

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Se recrudece el conflicto entre Argentina y Uruguay por las papeleras. Foto: solounplaneta.com

EFE

“La decisión unilateral del Uruguay deja a nuestro país en la obligación de recurrir a la Corte de La Haya, ya que afecta la soberanía ambiental, viola los tratados entre ambas naciones y la propia sentencia de la Corte”, dijo el canciller argentino, Héctor Timerman, en una breve declaración a la prensa.

El presidente uruguayo, José Mujica, anunció este miércoles su autorización para que la planta UPM, situada en la localidad uruguaya de Fray Bentos, frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú, incremente su producción en unas 100.000 toneladas anuales siempre que cumpla con una serie de requisitos en materia medioambiental.

Previo a este anuncio, Mujica y la presidenta argentina, Cristina Fernández, se reunieron el lunes en Buenos Aires y este martes lo hicieron, también en la capital argentina, el propio Timerman y el canciller uruguayo, Luis Almagro.

“En la reunión de ayer con el canciller Luis Almagro, la Argentina solicitó seguir dialogando y no caer en la lógica del enfrentamiento, pero Uruguay no respondió”, dijo Timerman.

El ministro aseveró que “Argentina lamenta que los intereses de la empresa se hayan convertido en tan poderosos que condicionan la relación con Uruguay”.

Al hacer su anuncio ante la prensa, Mujica señaló que “la función de gobernar, a veces” obliga a tomar “decisiones dolorosas” ya que hay que “priorizar el interés nacional” pese a que eso pueda afectar “otros factores que también son importantes”.

“Tenemos que lamentar esta decisión. Es inoportuna, particularmente para Argentina, porque está inmersa en un proceso electoral a corto plazo y allí el clima político no es el adecuado para tener razonabilidad”, señaló Mujica.

En este sentido, el gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos (cuyas costas están frente a la planta), Sergio Urribarri, dijo que “si al presidente uruguayo le duelen las decisiones, a nosotros también y más este tipo de decisiones”.

“Nosotros no vamos a quedar sin tomar ninguna decisión y sin plantear acciones en el futuro. Es inaceptable, es ofensivo, es inentendible esta decisión del Gobierno uruguayo”, dijo el mandatario provincial al presentarse ante la prensa junto a Timerman.

El canciller argentino dijo que, “habiendo Uruguay roto el dialogo, Argentina se encuentra liberada de la obligación de anunciar de forma conjunta los informes científicos” sobre el estado del río Uruguay, frontera común entre los dos países y sobre la que está emplazada la planta.

“La semana que viene presentaremos un informe completo de la contaminación que produce UPM”, adelantó Timerman, quien afirmó que existen “violaciones” al medioambiente por parte de la planta que se constatan en las altas temperaturas en las aguas, contenido de fósforo, presencia de pesticidas y de cromo.

La instalación de esta planta en 2005 fue motivo del peor conflicto bilateral en décadas por el bloqueo que durante varios años realizaron vecinos de Gualeguaychú del puente hacia Fray Bentos, el principal entre ambos países, sobre el río Uruguay.

Juan Veronesi, integrante de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, dijo a Efe que entre los vecinos hay un “enojo muy grande” por la decisión adoptada por Mujica.

“El titular es claro: en UPM manda UPM. En los diez años de lucha lo hemos constatado una gran cantidad de veces”, sostuvo Veronesi, quien aseveró que Uruguay “viola el tratado del Río Uruguay”, firmado por ambos países en 1975 para la administración conjunta de ese recurso hídrico, y también “lo establecido por La Haya”.

Por este conflicto, Argentina había recurrido ya en 2006 a la Corte de La Haya, que en 2010 determinó que la planta no contaminaba pero que Uruguay no había informado debidamente a Argentina sobre los detalles de la construcción.

El fallo ordenó, además, crear una comisión conjunta que para vigilar y controlar la contaminación en el entorno de UPM.

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