El fallo, emitido por la III Sala del tribunal de alzada, ratifica lo dispuesto en diciembre de 2013 por el juez especial Leopoldo Llanos y se refiere a uno de los episodios de la llamada “Caravana de la muerte”, una comitiva que recorrió Chile tras el golpe de Estado de 1973, asesinando a cerca de un centenar de presos políticos.
El grupo estaba al mando del general Sergio Arellano Stark, investido como “delegado del comandante en jefe”, es decir, de Augusto Pinochet (1973-1990) y en cada ciudad por la que pasó sus integrantes sacaban a grupos de presos políticos y los asesinaban en lugares despoblados.
Arellano Stark, procesado también en este caso, fue no obstante sobreseído por demencia, mientras otro imputado, Adrián Ortiz Gutman, lo fue por fallecimiento.
A 15 años y un día de prisión fueron condenados los excoroneles Sergio Arredondo González y Marcelo Moren Brito, y los exoficiales Juan Chiminelli Fullerton y Patricio Ferrer Ducaud, a los que se agregó ahora el exbrigadier Pedro Espinoza Bravo.
Este último, que llegó a ser posteriormente subjefe de la DINA, la Policía secreta de la dictadura de Pinochet, había sido sentenciado en primera instancia a tres años y un día como encubridor, pero la Corte le aumentó la condena a 15 años y un día como autor de los crímenes.
Otros dos exoficiales, Luis Felipe Polanco Gallardo y Emilio de la Mahotiere González, pilotos de los helicópteros en que se movilizaba el grupo, recibieron una pena de tres años y un día como encubridores y se les concedió el beneficio de la libertad vigilada.
Además, se absolvió a Pablo Martínez Latorre y Gonzalo Santelices Cuevas por falta de participación.
La noche del 19 de octubre de 1973, catorce presos políticos fueron sacados de la cárcel por los militares, que los llevaron, amarrados y vendados, hasta la Quebrada El Way, en las afueras de Antofagasta, donde fueron separados en grupos de tres o cuatro, llevados frente a un paredón y ejecutados con ráfagas de disparos por miembros de la comitiva de Arellano Stark.
Después, el jefe del operativo ordenó recoger los cadáveres y transportarlos hasta la morgue de la ciudad, donde se les practicaron autopsias y posteriormente fueron entregados a sus familiares.
En el aspecto civil, el juez Llanos determinó que el Fisco y los condenados deberán pagar distintos montos indemnizatorios a los familiares de las víctimas, por concepto de daño moral.
En la parte civil, se ordenó el pago de una indemnización de 100 millones de pesos (unos 170.000 dólares) a las madres o viudas de las víctimas y de 50 millones de pesos (unos 85.000 dólares) a los hijos.
Rosa Silva, hija de uno de los asesinados, criticó la tardanza de la Justicia y comentó a radio Cooperativa que muchas madres, hermanas o esposas no pueden escuchar esto porque ya murieron, están con alzheimer o con otras enfermedades y no pueden comprender.
“Para los familiares es tremendamente doloroso, ha sido tardío, aunque por un lado (la sentencia) les trae tranquilidad”, dijo por su parte Cristián Cruz, abogado querellante en el caso.
