El licenciado Miguel Ángel Basualdo, titular de la Dirección de Auditoría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), relató ayer que, tras una auditoría realizada a la Contaduría General del Palacio de Justicia, se detectó que 900 cheques fueron adulterados y los datos fueron cambiados para que los efectivicen otras personas.
Según datos recabados, en total fueron cobrados 44 cheques de los 900 que se encontraban extraviados.
“No fue solo un extravío; en realidad fue el tema de impresiones de cheques de cuentas antiguas que realizaban a través de unas debilidades que se tenía en el sistema informático”, detalló.
Manifestó además que una vez emitido el documento, en el sistema volvían a escribir los datos como estaban de principio. Esto lo hacían para que no se sospeche de la adulteración efectuada.
También remarcó que la mayoría de los cheques fueron emitidos sin órdenes de pago, pero eran avalados y solicitados por los directores, lo que llamó la atención de los auditores. El informe ya fue remitido por la Corte al Ministerio Público para que sean investigados los involucrados.
El caso. El hecho salió a la luz en julio del año pasado cuando la directora de Contaduría, Marta Sosa Heisele, denunció la desaparición de novecientos cheques judiciales, supuestamente por parte de un funcionario judicial.
Además se habían percatado de que un abogado era funcionario judicial del área jurisdiccional y que ya pasó por varios fueros.
Heisele dijo que el funcionario retiró 4 cheques por un valor total cercano a G. 1.170 millones, de los cheques judiciales que logró retirar para sus representados, por orden del juez de la causa. En aquel entonces Heisele fue separada del cargo por la gravedad del hecho.
Una auditoría realizada a la Contaduría General del Palacio de Justicia reveló que los cheques fueron adulterados y los datos cambiados, para que luego sean efectivizados por terceras personas.